Este martes, asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) cuestionaron al ministro del Interior, John Reimberg, quien compareció ante la Comisión de Seguridad del Parlamento y expuso presuntas irregularidades en Segura EP, entidad pública perteneciente al Municipio de Guayaquil.

Según el funcionario, una supuesta “sala espejo” instalada fuera de los centros oficiales de monitoreo de esa empresa guayaquileña habría permitido a una red externa ligada a la RC manipular cámaras, acceder a grabaciones y obtener información sensible sin control policial.

Sin embargo, parlamentarios de la RC aseguraron que se busca desacreditar un sistema que permitió revelar hechos de alto interés público.

La legisladora Jahiren Noriega, de la RC, sostuvo que gracias a las cámaras de Segura EP se logró reconstruir el recorrido de los cuatro menores de Las Malvinas víctimas de desaparición forzada en diciembre de 2024 y posteriormente asesinados, así como documentar el denominado caso Porsche.

La oposición insiste en que ese último proceso debe ser esclarecido debido a que los registros de videovigilancia mostraron la presencia de un vehículo marca Porsche perteneciente a una empresa de la familia del presidente Daniel Noboa en las inmediaciones de la vivienda de uno de los sospechosos de un atentado con explosivos.

Para los legisladores opositores, la investigación impulsada por el Gobierno contra Segura EP pretende restar credibilidad a las pruebas que permitieron conocer esos hechos.

“Estamos hablando de un vehículo propiedad de Industrial Molinera, que a su vez es parte del Grupo Noboa, que se encontraba a las afueras de la vivienda de uno de los sospechosos de la bomba de la Bahía de Guayaquil”, señaló Noriega.

El asambleísta Juan Andrés González, también de la RC, consideró que el proceso abierto contra Segura EP busca criminalizar el trabajo de fiscalización realizado por la Asamblea Nacional.

“Cuando un ladrón corrupto es captado por cámaras de seguridad, los culpables son quienes pusieron las cámaras”, ironizó González, quien rechazó las acusaciones de espionaje formuladas por el Ejecutivo y la persecución judicial en su contra por intentar fiscalizar el caso Porsche.

La polémica se intensificó después de que la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentara este lunes una denuncia ante la Fiscalía para investigar una presunta red de espionaje que, según el Ejecutivo, habría operado desde Segura EP y estaría vinculada a la RC.

La funcionaria señaló como supuesto líder de esa estructura al expresidente Rafael Correa, que repudió las acusaciones y aseguró que el Gobierno intenta iniciar una nueva persecución política.

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