En un comunicado, el Comité Regional de esa entidad manifestó su solidaridad con la Unión Nacional de Educadores (UNE) y condenó los homicidios de las profesoras Diana Isabel Carchi Mendia y Adriana Sáenz, ocurridos en julio.
El organismo señaló que con esos casos asciende a 10 el número de docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026, de acuerdo con cifras del gremio, y advirtió que numerosos maestros también enfrentan amenazas y extorsiones.
“Es inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo el miedo y la intimidación”, afirmó la IEAL.
El organismo, que agrupa a sindicatos de la educación de América Latina y forma parte de una federación internacional presente en más de 170 países, instó al Gobierno ecuatoriano y al Ministerio de Educación a asumir su responsabilidad frente al incremento de la violencia y aplicar medidas efectivas de protección.
Asimismo, reclamó investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de los asesinatos y advirtió que la inseguridad contra los educadores también afecta el derecho de niños y adolescentes a recibir educación en condiciones seguras.
Por su parte, la UNE sostiene que, además de los homicidios, cientos de profesores han denunciado amenazas y extorsiones atribuidas a grupos delictivos, especialmente en la provincia costera de Guayas, donde solo entre 2025 y 2026 se registraron alrededor de mil denuncias de ese tipo.
El gremio reclama la declaratoria de emergencia en el sistema educativo, la creación de protocolos de seguridad para docentes, mecanismos confidenciales para denunciar extorsiones y una mayor coordinación entre el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y la Fiscalía.
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