Con vigencia hasta 2035, el documento reconoce que el acelerado crecimiento de las plataformas digitales y las redes sociales ha generado nuevas modalidades de explotación, que requieren respuestas acordes con la transformación tecnológica y los cambios en las relaciones laborales.

Entre las principales preocupaciones figuran la producción de contenidos para Internet con fines lucrativos, la monetización de imágenes y videos protagonizados por menores de edad, las transmisiones en vivo y otras actividades que, aunque se desarrollan en espacios virtuales, pueden constituir trabajo infantil cuando existe explotación económica o vulneración de derechos.

Las autoridades alertan además sobre riesgos asociados al ambiente digital, como la exposición permanente de la imagen de niños y adolescentes, el acoso en línea, la presión por mantener altos niveles de audiencia y la ausencia de límites claros para las jornadas de producción de contenidos.

Según el Ministerio de Trabajo y Empleo, la legislación brasileña no cuenta todavía con normas específicas para regular el trabajo infantil en plataformas digitales, pero eso no impide que se identifiquen y sancionen situaciones de explotación cuando se comprueba la violación de derechos fundamentales.

El nuevo plan incorpora como referencia el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en 2025, que fortaleció la protección de menores en Internet y estableció nuevos parámetros para enfrentar los riesgos derivados de la expansión de los entornos digitales, divulgó agencia Brasil.

Durante la presentación del programa, el ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, afirmó que la erradicación del trabajo infantil exige la participación coordinada del Estado, las familias, las empresas, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto.

Cifras divulgadas en el acto precisan que 1,6 millones de niños y adolescentes permanecen en situación de trabajo infantil en Brasil, una realidad que el Gobierno pretende revertir mediante políticas públicas integradas de educación, asistencia social, generación de ingresos y fiscalización laboral.

De total de afectados, aproximadamente el 66 por ciento son negros, lo que evidencia la necesidad de incorporar un enfoque de equidad racial en las estrategias de prevención.

Con esta actualización, Brasil busca adecuar su política nacional a las nuevas formas de explotación infantil surgidas con el desarrollo tecnológico, bajo el principio de que los derechos de niños y adolescentes deben ser garantizados tanto en los espacios físicos como en los virtuales.

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