Las denuncias (al menos 17) están relacionadas con presuntas irregularidades en la administración de ese centro de altos estudios público, posibles abusos de poder y cuestionamientos al proceso de elección de rector, subrayó el legislador.

Mediante una carta, Chic remarcó al también jefe del Ministerio Público que las acusaciones fueron presentadas “con meses de antelación” y las Fiscalías contra la Corrupción y de Delitos Administrativos siguen sin mostrar avances.

El parlamentario del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad argumentó que la USAC tiene un papel relevante dentro del país al ser la única estatal y autónoma reconocida constitucionalmente.

“Las denuncias presentadas no se refieren únicamente a posibles responsabilidades individuales, sino que involucran hechos que, de ser comprobados, podrían haber afectado principios esenciales como la legalidad”, amplió.

Chic explicó que la falta de avances en las pesquisas mantiene incertidumbre jurídica y afecta la confianza en las instituciones encargadas de la persecución penal.

Su solicitud se produce a poco de que el 1 de julio Mazariegos asuma por un segundo mandato al frente de la USAC, luego de un proceso comicial que cerró el 8 de abril último con múltiples señalamientos de irregularidades.

El diputado adelantó la presentación de una nueva acción de amparo en contra del Consejo Superior Universitario, esto debido a la falta de finiquito de Mazariegos, lo que le impediría asumir la rectoría para el periodo 2026-2023.

Advirtió que al menos 18 integrantes del CSU tampoco cuentan con ese documento extendido por la Contraloría General de Cuentas.

Este propio viernes alrededor de 100 personas afines a Mazariegos se concentraron frente a la entrada de la USAC, en la capitalina avenida Petapa.

“Rechazamos la desinformación como trabajadores”, expusieron en una manta, mientras portaban pulóveres con la frase “Yo si tengo rector”. La oposición a Mazariego y diversos sectores civiles se han estado movilizando desde abril, hacia la Corte Constitucional, el Congreso y en pro de una ofensiva legal, para que el sector justicia invalide el proceso.

Advirtieron que autoridades de la USAC están utilizando coacción, viáticos, permisos de ausencia y asignación de puntos académicos para forzar la asistencia de empleados y alumnos a esas concentraciones de supuesto respaldo.

A Mazariegos se le acusa de ser el brazo operativo de grupos oscuros que buscan garantizar la impunidad en este territorio centroamericano.

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