La decisión respondió a una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y tendrá vigencia hasta que la máxima corte emita un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la Medida Provisional 1.394 de 2026, que vetó dicha actividad.
Fux, relator de las acciones relacionadas con el tema en el STF, consideró que la multiplicación de decisiones judiciales contradictorias genera inseguridad jurídica y puede favorecer la reanudación de operaciones de determinadas empresas mientras otras permanecen impedidas de funcionar.
Señaló en su resolución el riesgo derivado de eventuales fallos divergentes, con el agravante de que podrían permitir la liberación de una actividad que calificó de reconocidamente perjudicial y de elevado riesgo social.
El pedido de la PGR fue presentado por el procurador general de la República, Paulo Gonet, quien advirtió sobre la proliferación de decisiones de tribunales inferiores que autorizaban el funcionamiento de algunas casas de apuestas, pese a la prohibición gubernamental.
Según la institución, más de 10 procesos sobre el asunto se tramitan solamente en el estado de Sao Paulo.
Entre los antecedentes está una decisión judicial que permitió temporalmente la operación de tres plataformas pertenecientes al grupo CDA Gaming: Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online.
Sin embargo, el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región revocó posteriormente esa autorización, tras un recurso de la Abogacía General de la Unión.
La prohibición está cuestionada ante el STF mediante cuatro acciones directas de inconstitucionalidad presentadas por entidades vinculadas al sector, entre ellas la Asociación Nacional de Juegos y Loterías y el Instituto Brasileño de Juego Responsable.
Dicha medida provisional fue impulsada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y prohíbe la explotación de plataformas de apuestas de cuota fija, conocidas como bets.
El debate, recalcaron reportes de prensa, trasciende el ámbito judicial, pues involucra la regulación de un negocio de amplia expansión en Brasil y sus consecuencias económicas y sociales, particularmente en materia de protección de los consumidores y prevención de los riesgos asociados al juego.
Divulgaron que la determinación de Fux no constituye todavía un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la prohibición, pero busca impedir decisiones particulares mientras el STF examina el asunto.
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