El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el 3 de julio se proclamarán los resultados del ajustado y polémico balotaje del 7 de junio, en el que la neoliberal Keiko Fujimori supera al progresista Roberto Sánchez por una diferencia mayor a la cifra de votos por recontar.

Los jurados regionales comenzaron a proclamar los resultados y remitirlos al JNE, que está resolviendo todas las apelaciones y recursos presentados y vistos en dos instancias.

El JNE ha descartado virtualmente los diversos reclamos del partido de Sánchez quien, anoche, ratificó su alegato de fraude, ante los cuales el JNE le pide pruebas de que se ha incurrido en algunas causas de nulidad acotadas en la legislación electoral.

Durante una concentración de sus seguidores, Sánchez -bajo presión mediática y política para que reconozca el resultado- ratificó anoche su percepción de un fraude y el derecho a protestar porque los organismos electorales no dan las explicaciones a sus cuestionamientos, alegó.

Entretanto, la ONPE, encargada de la organización y la logística de los comicios, enfrenta una nueva crisis por la renuncia de su secretario general, Elar Bolaños, quien afirma que sus equipos de cómputo fueron objeto de una intrusión.

La intervención, aseguró, consistió en el ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentaria, grave afectación de datos personales que, según dice, ocasionó errores en expedientes y dificultades en su tramitación.

Señaló que el grave hecho pone en grave riesgo la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre próximo y se declaró a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes.

Bolaños lleva casi seis años, durante los cuales, la ONPE realizó las elecciones presidenciales de 2021; las regionales y municipales de 2022 y los recientes comicios, en primera y segunda vueltas del 2026.

El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, desmintió rotundamente lo afirmado por Bolaños, rechazó su renuncia y en cambio dispuso su retiro y el inicio de una investigación sobre sus dichos, además de lacrar los equipos que usaba en su oficina para una investigación.

Frente a esta grave denuncia, decidió no aceptar la dimisión, y en cambio dio por concluida su designación.

Recordó que el funcionario, como máxima autoridad administrativa, tuvo a su cargo contrataciones y otras gestiones para los comicios, hasta su carta de renuncia, que podrían relacionarse con la posibilidad de corrupción como causa de los problemas logísticos que afectaron parcialmente la primera vuelta electoral del 12 de abril.

Aquellos graves problemas de logística impidieron votar a aproximadamente 50 mil electores, lo que dio pie a especulaciones sobre un fraude que invocó el candidato de extrema derecha Rafael López-Aliaga, como causa del fracaso que le impidió acceder al balotaje.

La crisis por las presiones políticas y mediáticas para exigir la renuncia del hasta entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -a la que la oposición considera bajo influencia del partido Fuerza Popular, de Fujimori- pese a estar prohibida la dejación del cargo durante un proceso electoral.

La ONPE convocó a un concurso para designar al nuevo titular que conducirá las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

Tras las pruebas, quedaron dos finalistas, Amparo Ortega y Carlos Loyola y la primera renunció en días pasados por razones familiares.

Trascendidos políticos señalaron que, en lugar de que Loyola asuma el importante cargo, la JNJ habría decidido dejar sin efecto el concurso y fuentes de oposición a Fujimori señalan que la medida tendría como causa la de esperar que asuma el nuevo gobierno para nombrar al jefe de la ONPE.

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