El abogado de JP, Roy Mendoza, informó que el candidato presidencial y líder de la organización, Roberto Sánchez, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar contra el balotaje del 7 de junio, en el que Fujimori superó a Sánchez por una mínima diferencia.

Argumentó el cambio de reglas en pleno proceso electoral, por haberse prescindido en el balotaje la digitalización de las actas de votación de peruanos en el exterior para su envío por Internet a Lima.

Tal cambio, que según las autoridades electorales solo es operativa y no altera las normas legales, según JP viola el principio de intangibilidad normativa, afecta la seguridad jurídica y la confianza pública y, sobre todo, quiebra la soberanía del voto, porque impide conocer con certeza los resultados del balotaje en el extranjero.

La apelación cuestiona la forma de envío de las actas a Perú y su demora en llegar a Lima, a lo que agrega lo elevado del monto de algunas tasas exigidas, como el pedido de nulidad de la votación en el extranjero.

Por su parte, el diputado electo y secretario general de JP, Ernesto Zunini, consideró válido el pedido de nulidad de los comicios, solicitud que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El tribunal electoral argumentó que los procesos electorales en Perú se ciñen al principio de preclusión; es decir, que cerrada una etapa o emitido un dictamen, se convierte en irreversible.

El dirigente Zunini respaldó la apelación, al señalar que “vamos a hacer uso de las herramientas legales de las que vamos a llegar hasta las últimas instancias”.

Agregó que “Hay una realidad. La señora (Fujimori) va a ser proclamada y bajo esa base tendremos que trabajar” como parlamentarios.

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