En los informes presentados desde el inicio de su administración, Mulino ha defendido su gestión como un período de recuperación del control institucional, marcado por decisiones que calificó de difíciles para restablecer el orden administrativo y las finanzas públicas.

El Ejecutivo sostiene que la estabilidad macroeconómica alcanzada permitirá convertir 2026 en el año de la inversión pública y la generación de empleo.

El Presupuesto General del Estado contempla inversiones superiores a los 11 mil millones de balboas destinadas a infraestructura vial, hospitales, escuelas, proyectos de agua potable y logística.

Entre las principales apuestas gubernamentales figura la ejecución de más de 30 proyectos de infraestructura vial, valorados en unos mil 220 millones de dólares, con los cuales el Gobierno estima crear más de 10 mil empleos directos y cerca de 20 mil indirectos.

También avanzan obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país, como la Línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, el teleférico de San Miguelito, la ampliación del corredor hacia las playas del Pacífico, nuevos hospitales y programas para ampliar la cobertura de agua potable.

Sin embargo, analistas consultados por medios locales consideran que el principal reto de la administración será traducir la estabilidad de los indicadores macroeconómicos en una mejora perceptible de las condiciones de vida de la población.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la tasa de desempleo continúa por encima de los niveles previos a la pandemia, mientras amplios sectores reclaman mayores oportunidades laborales para jóvenes y profesionales.

En materia de seguridad, uno de los principales logros exhibidos por el Ejecutivo ha sido la reducción del flujo de migrantes irregulares por la selva del Darién. No obstante, la criminalidad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Estadísticas del Ministerio Público reflejan un aumento de los homicidios durante abril y mayo, mientras que la reciente fuga de 195 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita evidenció debilidades en el sistema carcelario. A un mes del incidente, las autoridades mantienen operativos para localizar a los prófugos que permanecen evadidos.

En el ámbito internacional, Mulino ha impulsado proyectos destinados a fortalecer el papel de Panamá como centro logístico regional, entre ellos el desarrollo de un gasoducto interoceánico, la interconexión eléctrica con Colombia, nuevas concesiones portuarias y la consolidación del Gabinete Logístico para mejorar la competitividad del sistema marítimo nacional.

El sector empresarial reconoce la disciplina fiscal mantenida por el Gobierno, aunque considera indispensable acelerar las inversiones privadas.

En contraste, organizaciones sindicales y movimientos sociales mantienen críticas hacia la administración por las medidas adoptadas durante recientes conflictos laborales y las investigaciones contra dirigentes gremiales.

Esos colectivos también cuestionan las reformas a la Caja de Seguro Social, demandan una política de mayor protección al empleo y rechazan lo que califican de criminalización de la protesta social.

A ello se suma la inclusión de Panamá en la lista de 23 países examinados este año por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que evaluó denuncias relacionadas con el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.

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