La ceremonia tuvo lugar en la Facultad de Derecho de dicho centro, donde Da Silva cursó estudios y se graduó en 1969, informó agencia Brasil.

Al acto asistieron familiares, antiguos compañeros, representantes de la comunidad académica, integrantes de la Comisión de Amnistía y de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, en un nuevo gesto oficial de reparación simbólica por los crímenes cometidos en aquella etapa.

En nombre del Gobierno federal, la ministra de Derechos Humanos y Ciudadanía, Janine Mello, presentó el pedido oficial de disculpas y reconoció la responsabilidad del Estado brasileño por las graves violaciones de derechos humanos sufridas por el exdirigente estudiantil, desaparecido desde 1971.

Manifestó que el caso representa una de las expresiones más crueles de la violencia ejercida por el aparato represivo de la dictadura y subrayó que la falta de respuestas sobre el destino de Da Silva continúa impidiendo a sus familiares ejercer plenamente el derecho al duelo.

Añadió que el reconocimiento oficial busca contribuir a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia, además de reafirmar el compromiso democrático de impedir la repetición de esos hechos.

Natural del estado de Goiás e hijo del exdiputado federal Pedro Celestino da Silva, Paulo de Tarso militó en la organización Acción Libertadora Nacional y realizó estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona, Francia.

El 12 de julio de 1971 fue detenido en Río de Janeiro por agentes del Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-Codi), y desde entonces permanece desaparecido.

Testimonios de sobrevivientes e investigaciones de la Comisión Nacional de la Verdad indican que fue conducido a la llamada Casa de la Muerte, un centro clandestino de torturas administrado por el Centro de Inteligencia del Ejército en Petrópolis, donde habría sido sometido durante horas a brutales sesiones de tortura antes de ser asesinado.

Este juves, la rectora de la UnB, Rozana Naves, recordó que las universidades fueron blanco de persecuciones, intervenciones y violencia durante la dictadura militar, y afirmó que la memoria de Da Silva simboliza la defensa de la libertad de pensamiento, la autonomía universitaria y la democracia.

Tal acto se sumó a una serie de iniciativas impulsadas por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía para promover reparaciones simbólicas a las víctimas del régimen militar y fortalecer las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

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