Luego de revisar más de un centenar de investigaciones disciplinarias, en junio pasado el máximo tribunal acordó abrir 58 procesos, pero finalmente quedaron 37 casos.
De estos algunos fueron desestimados y otros podrán seguir su revisión cuando se resuelva el recurso presentado por los acusados ante el Tribunal Constitucional, organismo que paralizó la tramitación.
El procedimiento de remoción está sustentado en el artículo 80 de la Constitución que faculta a la Corte Suprema para destituir a jueces por mal comportamiento.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, defendió el uso de esta atribución y dijo que su finalidad es resguardar la confianza pública y la integridad institucional del Poder Judicial.
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