Durante una rueda de prensa en Quito, el abogado Washington Andrade, uno de los promotores de la iniciativa, afirmó que el período para que el mandatario presentara su oposición dentro del trámite ya concluyó y señaló que ahora corresponde al organismo electoral adoptar una decisión.

“Le exigimos que entreguen los formularios, porque esto es una forma de desfogue del clamor ciudadano”, manifestó.

Andrade apuntó que la normativa establece que el pleno del CNE dispone de 15 días para resolver el pedido, por lo que estimó que una respuesta debería emitirse alrededor del próximo 10 de julio.

Asimismo, el jurista informó que solicitaron acceso a la documentación presentada por el Ejecutivo en “esas 22 famosas cajas” como parte de su defensa dentro del proceso.

El abogado cuestionó el contenido de los documentos entregados por el Gobierno y sostuvo que las organizaciones sociales tienen derecho a verificar la información entregada al organismo electoral.

“Presumimos que están llenas de mentiras y de hojarasca, como es la costumbre de este Gobierno, pero tenemos el derecho a verificar”, expresó.

El Gobierno de Noboa remitió recientemente más de 14 mil 500 folios distribuidos en 22 cajas para sustentar el cumplimiento de su plan de gobierno y solicitar que las iniciativas de revocatoria sean inadmitidas.

Dos solicitudes independientes, apoyadas por diversas organizaciones, buscan activar el mecanismo constitucional para adelantar la salida del poder de Noboa y de su vicepresidenta, María José Pinto, bajo el argumento de un incumplimiento del plan de Gobierno.

“Estamos viviendo uno de los procesos más jodidos de la vida republicana del Ecuador”, afirmó el dirigente indígena Leonidas Iza al defender la revocatoria.

Iza sostuvo que los indicadores económicos presentados por el Gobierno no reflejan la realidad que viven millones de ecuatorianos y aseguró que la crisis económica se ha profundizado con “más de tres millones de ecuatorianos no pueden alimentarse dos veces, tres veces al día”.

De avanzar el trámite de la revocatoria, los promotores deberán reunir alrededor de dos millones de firmas válidas, equivalentes al 15 por ciento del padrón electoral, antes de que pueda convocarse a una consulta popular.

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