En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, la organización política opositora reiteró que Glas fue golpeado por militares el 11 de noviembre, sufrió una agresión sexual y recibió una amenaza específica de asesinato en la cárcel de El Encuentro, donde permanece desde noviembre de 2025.
En un video divulgado por la defensa, el exvicepresidente mostró múltiples heridas y hematomas en varias partes del cuerpo.
La RC precisó que, según su médico, esos golpes no pudieron ser autoinfligidos, lo cual contradice la versión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI).
Ese organismo, responsable de la administración penitenciaria, atribuyó las lesiones a supuestas “conductas autolesivas”, que recibió atención médica y que no registraba complicaciones clínicas al momento de su evaluación.
“Exigimos a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU una intervención urgente”, reclamó la RC ante la situación del político, que fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
El movimiento solicitó el traslado de Glas a un hospital, una visita internacional a la prisión, entrevistas privadas con el ex vicemandatario, acceso a sus condiciones de reclusión y una evaluación médica forense independiente, con preservación de todas las evidencias.
“La vida de Jorge Glas no puede esperar otro comunicado”, expresó la organización al cerrar su pronunciamiento, en el que también llamó a actuar “¡Por la vida de Jorge Glas!”.
Esta semana la abogada Sonia Vera, del equipo de defensa del exfuncionario, informó que al menos seis militares agredieron a Glas cuando regresaba del dispensario del centro penitenciario y luego los exámenes médicos contabilizaron 37 heridas.
“Las autoridades ya conocen la amenaza, la agresión denunciada, las lesiones y la falta de respuesta. Si mañana Jorge aparece muerto en su celda, nadie podrá alegar que el Estado no fue advertido”, subrayó Vera.
Glas cumple condenas por presuntos delitos de corrupción y aunque cumplió las impuestas en los casos Odebrecht y Sobornos, continúa detenido por el proceso denominado Reconstrucción de Manabí, cuya sentencia escrita de primera instancia fue notificada seis meses después y eso, según la defensa, vulneró garantías del debido proceso.
El político de la RC, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024.
Ese día, policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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