La disposición está incluida en la Ley para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes de la Policía y las Fuerzas Armadas, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada posteriormente por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Aunque la norma tiene como objetivo principal endurecer las sanciones por la fabricación, comercialización y uso ilegal de uniformes e insignias de las fuerzas de seguridad, el texto incorpora lo relacionado con el tratamiento de la información clasificada por parte de la Contraloría.
La modificación establece que el organismo de control podrá, mediante una resolución debidamente motivada, disponer la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima.
La medida podrá aplicarse a información relacionada con procesos institucionales, actuaciones, auditorías, exámenes especiales y expedientes concluidos, dentro de un plazo de 30 días calendario.
La normativa prohíbe destruir documentación vinculada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles o administrativas en trámite, así como expedientes que contengan indicios de responsabilidad penal no prescritos.
No obstante, la incorporación de la reforma en una ley orientada a sancionar el uso delictivo de uniformes policiales y militares provocó críticas de legisladores de oposición, quienes cuestionaron la falta de relación entre ambos temas.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y legisladores del movimiento Pachakutik votaron en contra de la disposición al considerar que vulnera el principio de unidad de la materia.
Durante el debate legislativo, la asambleísta de la RC Jahiren Noriega advirtió que la reforma permitiría eliminar documentos sensibles, entre ellos declaraciones juradas de patrimonio y otros informes de control, una vez concluidos los procesos de auditoría.
La legisladora sostuvo que la destrucción de esos archivos dificultaría el seguimiento de posibles casos de enriquecimiento injustificado y el ejercicio del control político sobre los funcionarios públicos.
En defensa de la iniciativa, la parlamentaria oficialista Inés Alarcón afirmó que la reforma busca proteger información reservada cuya divulgación podría comprometer la seguridad del Estado.
Tras la entrada en vigencia de la norma este mes de julio, la oposición anunció que presentarán una demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo que incorpora esta facultad a la Contraloría.
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