El rechazo es sustentado en un comunicado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb).
También rubrican el escrito la Asociación de Medios Digitales de La Paz (Amdlp) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (Cmplp).
Critican todos estos gremios que el proyecto fue tratado “sin ningún tipo de socialización con la ciudadanía y menos con las instituciones representativas del periodismo y de la sociedad civil”.
Denuncian, además, que el texto aprobado omite los acuerdos alcanzados en octubre de 2024, cuando el Senado consensuó un proyecto con las asociaciones periodísticas y organizaciones de la sociedad civil.
A instancias del senador José Roca (alianza Unidad) la Cámara de Senadores aprobó el jueves último por unanimidad, en primera lectura, esta iniciativa, que busca, supuestamente, “garantizar este derecho y establecer un marco para el acceso a información pública”.
Según se informó, el proyecto continuará su tratamiento en segunda lectura en una próxima sesión.
Las organizaciones periodísticas lamentaron que el Senado “no hubiera convocado en audiencias públicas a los representantes de las instituciones del periodismo y de las organizaciones de la sociedad civil para analizar en detalle este proyecto normativo a la luz de los estándares internacionales”.
Asimismo, reclamaron “que se proceda a archivar inmediatamente” el mencionado proyecto.
Observaron, igualmente, que el proyecto “no hace referencia al Artículo 106 de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho a la información y el derecho a la comunicación”, y tampoco consideró las observaciones del informe legal del Ministerio de la Presidencia.
Uno de los puntos más criticados de la iniciativa es la exigencia de que las solicitudes de información sean presentadas por escrito, con fotocopia del Carnet de Identidad y el registro de datos personales del solicitante.
Tal requerimiento es calificado por las organizaciones periodísticas como “burocrática y contraria al decreto supremo 5595”, al margen de que “constituye un riesgo para la integridad y la seguridad de los trabajadores de la prensa que pueden verse en peligro cuando realizan trabajos de investigación que demanden información pública”.
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