Atribuyó Morales esta situación a la necesidad del Ejecutivo del mandatario Rodrigo Paz de financiar el desbalance económico, lo que, según afirmó, ha derivado en un alineamiento con las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dentro de este contexto, calificó el modelo económico actual como “cien por ciento neoliberal”, y sostuvo que las medidas adoptadas están trasladando el peso del ajuste a los sectores más vulnerables.

Según el primer exdignatario indígena, esta situación se refleja en el encarecimiento de los carburantes tras la eliminación de la subvención estatal, así como en el incremento de las tarifas de energía eléctrica.

La opinión de Morales contrasta con los datos presentados por el Ejecutivo en el Proyecto de Ley de Reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.

De acuerdo con la cartera de Economía y Finanzas Públicas, la meta fiscal prevé reducir el déficit al 9,2 por ciento del PIB, equivalente a aproximadamente 55 mil 502,9 millones de bolivianos (más de cinco mil millones de dólares), lo que implicaría una disminución respecto al 12,2 por ciento registrado al cierre de 2025.

Sin embargo, analistas económicos independientes y sectores de la oposición advierten que, en términos de flujo real, el déficit podría situarse entre el 10,9 por ciento y los 12 puntos porcentuales si no se concretan créditos externos por tres mil 500 millones de dólares.

Respecto al sector de los hidrocarburos, Morales criticó la apertura a la participación privada, en el contexto de la aplicación progresiva del Decreto Supremo 5503, al considerar que esta medida impulsa una privatización encubierta de la comercialización de energéticos.

“Sin subvención -advirtió el exdignatario-, el litro de gasolina normal costará 16 bolivianos (1,6 dólares)”, al tiempo de indicar que en el departamento de Santa Cruz ya operan más de 50 empresas autorizadas para la importación directa de combustibles.

Denunció el exmandatario la implementación de un sistema de “doble tanque” en estaciones de servicio, que, según expresó, obligaría a comercializar combustible estatal y privado de manera diferenciada.

“Es muy grave lo que nos están denunciando las estaciones de servicio. Primero, el estatal se terminó, ya no hay; te obligan a comprar del privado. Pero también el Estado, mafia, importado por el mismo Estado”, sostuvo.

Por último, Morales resaltó que muchos propietarios de surtidores se resisten a estas prácticas, y expresó su preocupación por una posible pérdida de soberanía en el ámbito energético en favor de intereses privados.

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