Según informó al país el ministro de Hacienda y encargado de la transición por parte del gabinete saliente, las sesiones no podrán darse hasta tanto no “cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso” por parte del equipo de Abelardo De la Espriella.
Abundó el titular que la decisión busca proteger las instituciones, la dignidad del Estado y el verdadero sentido del empalme como un ejercicio de responsabilidad democrática.
El funcionario sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro actuó conforme a la Constitución y a la Ley 951 del 2005 y a las directrices que regulan el proceso, pero que no hallaron en su contraparte “la misma reciprocidad”.
Denunció entonces que el pasado domingo, uno de los integrantes del comité de la administración entrante, Carlos Alonso Lucio, formuló ante un medio de comunicación graves señalamientos contra el presidente y de su equipo de Gobierno, en tanto se sigue presentando públicamente el proceso como un supuesto empalme anticorrupción.
Ávila refirió entonces una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional para proyectar ante el país la idea de que la transición parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente.
“El empalme no es una investigación penal. El empalme no es un juicio. El empalme no es una plataforma política. El empalme es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”, afirmó.
Aseguró en este punto que las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponden exclusivamente a las autoridades competentes y con pleno respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia.
Por tal motivo, expuso, el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, quien opinó que Gustavo Petro debía ser judicializado, por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del mandatario y de su equipo.
“Este comité considera que hoy no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar desarrollando las sesiones conjuntas de empalme mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa que desnaturaliza el verdadero propósito de este proceso”, enfatizó.
Antes de concluir, Ávila confió que el ejercicio pueda retomarse cuando “existan las condiciones para que el empalme vuelva a ser lo que siempre debió ser, un ejercicio de Estado desarrollado con altura institucional, buena fe y absoluto respeto por Colombia”.
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