La estrategia, presentada por el Ministerio de Ambiente y Energía, busca reducir las emergencias durante la temporada de mayor riesgo, que se extiende entre julio y septiembre y podría prolongarse hasta octubre, según las condiciones climáticas.
La viceministra de Ambiente y Marino Costero, Alicia Jaramillo, explicó que el fenómeno de El Niño permanece bajo monitoreo y muestra una tendencia de fortalecimiento, lo que favorece la propagación de incendios debido a la disminución de la humedad, la sequía y los vientos.
La funcionaria señaló que las provincias andinas de Tungurahua, Azuay e Imbabura concentran gran parte de las afectaciones registradas este año y llamó a reforzar las medidas de prevención en las zonas más vulnerables.
El Comité para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen), de Ecuador, prevé que la fase de mayor intensidad podría presentarse hacia finales de este año.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Pablo Cornejo, anunció que el comité técnico volverá a reunirse el 8 de julio para actualizar las proyecciones sobre la evolución del fenómeno en Ecuador.
Cornejo indicó que estudios recientes muestran una mayor susceptibilidad a incendios en las zonas andinas ubicadas por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar y advirtió que los efectos de El Niño pueden prolongarse incluso después de que concluya su fase activa.
Como antecedente, recordó que durante el episodio de El Niño de 2023-2024 se registraron cerca de cuatro mil incendios forestales y que, tras finalizar el fenómeno, Ecuador sufrió una sequía histórica entre mayo y diciembre de 2024, período en el que ocurrieron aproximadamente otros cinco mil 500 incendios.
Las autoridades señalaron que más del 90 por ciento de los incendios forestales tiene origen humano, principalmente por quemas agrícolas sin control, quema de desechos y fogatas mal apagadas.
La campaña para evitar los siniestros contempla jornadas de sensibilización comunitaria, capacitaciones, actividades educativas y acciones coordinadas con gobiernos locales y organizaciones sociales para promover el uso responsable del fuego y el reporte oportuno de emergencias.
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