La propuesta, aprobada por el Senado tras recibir anteriormente el visto bueno de la Cámara de Diputados, modifica diversos artículos del Estatuto del Niño y del Adolescente y del Código Penal con el propósito de reforzar el combate a la explotación sexual infantil en Internet.

Entre los principales cambios figura el aumento de las penas para quienes produzcan, reproduzcan, fotografíen, filmen, registren, comercialicen, divulguen o almacenen material de violencia sexual que involucre a menores de edad.

Asimismo, el texto prevé sanciones más severas cuando esos delitos sean cometidos mediante Internet, redes sociales u otras plataformas digitales.

La legislación incorpora como circunstancia agravante el empleo de herramientas de inteligencia artificial para crear, manipular o difundir imágenes, videos u otros contenidos que simulen la participación de niños y adolescentes en escenas de violencia sexual, incluso cuando el material haya sido generado digitalmente.

Según los legisladores, divulgó agencia Brasil, el objetivo es impedir que los avances tecnológicos sean utilizados para facilitar este tipo de delitos.

Otro de los aspectos relevantes consiste en sustituir en la legislación la expresión «pornografía infantil» por «material de violencia sexual contra niños y adolescentes», con el argumento de que la terminología anterior podía minimizar la gravedad de los hechos al asociarlos con contenidos destinados al entretenimiento de adultos, en lugar de reconocerlos como evidencia de un crimen contra menores.

Por otra parte, el texto clasifica como delitos de carácter atroz varias conductas relacionadas con la explotación sexual infantil y fortalece los mecanismos para la persecución de los responsables, además de ampliar las posibilidades de actuación preventiva de las autoridades frente a crímenes cometidos en el ambiente virtual.

Durante el debate en el Senado, el relator de la iniciativa, Fabiano Contarato, defendió la necesidad de actualizar la legislación para responder al crecimiento de las redes criminales que utilizan plataformas digitales para captar víctimas, producir contenido ilegal y compartirlo a través de servicios de mensajería y otros canales de comunicación.

La iniciativa también recibió respaldo de legisladores de diferentes fuerzas políticas, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de la infancia y la adolescencia frente a las nuevas modalidades de explotación sexual facilitadas por recursos tecnológicos.

Con la aprobación definitiva del proyecto por el Congreso Nacional, el texto será enviado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su sanción o eventual veto, último paso para que las nuevas disposiciones entren en vigor en todo el territorio brasileño.

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