La disposición establece directrices para fortalecer el sector, promover la formación profesional, ampliar la presencia internacional de las empresas brasileñas y proteger la propiedad intelectual.
También busca ofrecer mayor seguridad jurídica a las actividades relacionadas con el desarrollo y la comercialización de videojuegos.
Según la Agencia Brasil, la reglamentación pretende consolidar la industria nacional mediante políticas públicas que favorezcan su crecimiento y articulación con otras áreas, entre ellas cultura, educación, salud y accesibilidad.
Durante la ceremonia de firma, Lula defendió la importancia de convertir al gigante sudamericano en productor de tecnología y contenidos digitales, en lugar de limitarse a consumir productos desarrollados en otros mercados.
Tal decreto desarrolla la Ley 14.852, promulgada el 3 de mayo de 2024, que estableció el marco legal para la industria de juegos electrónicos en Brasil.
La norma abarca actividades como la fabricación, importación, comercialización, desarrollo y explotación comercial de esos productos.
Entre sus objetivos figuran crear condiciones favorables para los emprendimientos innovadores y ampliar las oportunidades de inversión en un sector que combina tecnología, creatividad y producción audiovisual.
Además, la legislación reconoce la importancia de la capacitación de profesionales y del estímulo a las empresas nacionales para que puedan competir en el mercado internacional.
La protección de los derechos de propiedad intelectual constituye otro de los componentes de la política de fortalecimiento industrial.
Dicha fuente de prensa apuntó que la regulación se inserta en un contexto de expansión del mercado de videojuegos, que representa una actividad económica vinculada al desarrollo de programas informáticos, la animación, el diseño, la música y otros servicios especializados.
Junto a su dimensión comercial, los juegos electrónicos pueden utilizarse en iniciativas educativas, culturales y sanitarias, así como en herramientas adaptadas para personas con discapacidad.
La ley de 2024 estableció que el desarrollo y la explotación de los juegos comprendidos en su ámbito no requieren autorización estatal previa, aunque deben respetar la legislación vigente y las disposiciones sobre clasificación indicativa por edades.
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