Hasta hoy, más de 80 mil desplazados que huyeron de las acciones de este grupo armado afiliado al Estado Islámico, cometidas desde enero pasado, han sido abandonados a su suerte y privados de cualquier ayuda alimentaria, indicaron a Radio Okapi fuentes de la sociedad civil.

Añadieron que desde principios de año, las repetidas y mortíferas incursiones obligaron a miles de familias a huir y varias localidades de la región se encuentran prácticamente desiertas y sin habitantes, como Babesua, Muchacha, Bafwakoa, Salate, Tepe, Itembo y Badengaido

Según declararon, aunque muchos de estos desplazados fueron acogidos por familias locales, las condiciones de vida siguen siendo extremadamente precarias, por lo que llamaron a una intervención humanitaria de emergencia y al refuerzo de las operaciones militares.

Señalaron que la continua presencia de las ADF en las afueras de las zonas de acogida bloquea por completo el acceso a los campos, privando tanto a las personas desplazadas como a las comunidades locales de su sustento.

De acuerdo con un reporte de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la RDC (Monusco), desde el 19 de marzo hasta el 27 de junio, 632 civiles perdieron la vida a causa de los conflictos en Kivu Norte e Ituri.

De la cifra, las ADF son responsables del asesinato de 287 civiles desde el 26 de marzo a la fecha, generando además desplazamientos masivos y dificultando el acceso humanitario.

En tanto, el último informe del Grupo de Expertos de la ONU indicó que el grupo armado sufre una drástica disminución de la financiación externa, por lo que intenta compensarlo con el aumento de impuestos locales, el saqueo, el robo a mano armada y el secuestro para obtener rescate.

Presente en los territorios de Beni y Lubero en la provincia de Kivu Norte; y de Irumu, Djugu y Mambasa, en la provincia de Ituri, las ADF acuden a amenazas como la de “convertirse al islam o pagar impuestos, bajo pena de muerte o expulsión de las zonas controladas por el grupo”, refirió el documento.

En cuanto a los secuestros, eligen a las personas según su supuesta capacidad de pago, son obligadas a realizar trabajos forzados durante su cautiverio y liberados tras el pago de sumas negociadas que oscilaban entre los dos mil y los cinco mil dólares; mientras quienes no pueden pagar son ejecutados.

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