Al intervenir en el 80 periodo de sesiones del órgano multilateral, la diplomática venezolana expresó su solidaridad con la isla ante la “situación humanitaria agravada” y las medidas de naturaleza económica, comercial y financiera que castigan a un pueblo entero.

Remarcó que este afecta a todos los sectores cruciales de la economía, incluida la salud pública, la nutrición y la agricultura, además de la banca, el comercio, la inversión y el turismo.

También la priva de accesos a mercados, a las ayudas financieras internacionales, a transferencias de tecnologías, además de obstaculizar el desarrollo socioeconómico del país y contravenir los esfuerzos de Cuba por alcanzar el desarrollo sostenible, incluidas las metas establecidas en la Agenda 2030, opinó.

Godoy afirmó que “no estamos ante un debate abstracto», sino de consecuencias reales sobre la vida, la salud y la supervivencia de todo un pueblo, cuando existen limitaciones que comprometen el funcionamiento de servicios esenciales.

Subrayó que estas dificultan la adquisición de alimentos, medicamentos, suministros médicos y el acceso a cuidos críticos como la atención materna infantil, la radioterapia y la diálisis, que se ven afectados.

En nombre de su Gobierno, la representante venezolana denunció que estas prácticas constituyen un castigo colectivo, que “no distinguen, no negocian ni priorizan la vida humana”.

Estimó que ese enfoque es contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que es el blindaje jurídico que debe proteger a los pueblos.

La diplomática bolivariana solicitó en su intervención a los Estados que se abstengan de promulgar cualquier medida económica, financiera, comercial unilateral al margen del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

Remarcó que Venezuela intervino en este debate con el propósito de reafirmar “sus compromisos con principios que no están sujetos a coyunturas ni a intereses particulares», sino que constituyen la base del orden internacional consagrado en ese documento antes citado.

Godoy mencionó la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza.

La representante venezolana afirmó que la Asamblea General posee una responsabilidad particular: hacer valer los propósitos y principios de la Carta y asegurar que la comunidad internacional no normalice el deterioro humanitario como resultado previsible de las medidas coercitivas.

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