La Policía Federal puso en marcha la Operación Emendatio para desarticular un supuesto esquema de desvío de fondos provenientes de enmiendas parlamentarias federales destinadas a organizaciones de la sociedad civil en el estado de Río de Janeiro.
Dicha acción fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) e incluyó el cumplimiento de dos órdenes de prisión preventiva, 21 de registro e incautación, y el bloqueo de bienes valorados en unos 100 millones de reales (20 millones de dólares).
Brazão figura entre los principales investigados por su presunta participación en la estructura criminal.
Agencia Brasil agregó que las pesquisas apuntan al uso del grupo de entidades sin fines de lucro para obtener recursos públicos mediante convenios y contratos irregulares, con posterior desvío del dinero hacia personas vinculadas a la organización.
También, esta pesquisa alcanza a otros dirigentes y operadores sospechosos de integrar la red, incluidos responsables de organizaciones sociales y gestores públicos vinculados a la ejecución de los convenios financiados con recursos federales.
Según la Policía Federal, el esquema habría operado durante varios años mediante mecanismos destinados a ocultar el destino final de los fondos públicos.
La operación movilizó a unos 60 agentes federales en distintos puntos de la ciudad de Río de Janeiro, donde fueron ejecutadas las medidas judiciales.
Además de las detenciones y registros, las autoridades determinaron el secuestro de bienes y activos financieros para impedir la continuidad de las actividades investigadas y garantizar una eventual reparación de los daños al erario.
Estas investigaciones se producen pocos meses después de que Brazão fuera condenado por el STF a 76 años y tres meses de prisión como uno de los autores intelectuales del asesinato de Franco y de su conductor Anderson Gomes, crimen ocurrido en marzo de 2018 y considerado uno de los casos de mayor repercusión política y judicial en Brasil.
Los involucrados podrán responder por delitos como organización criminal, corrupción, peculado, fraude en contratos públicos y lavado de dinero, conforme avance la instrucción del proceso y se analice el material incautado.
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