Los cívicos cruceños reaccionaron con esa acusación ante las marchas y bloqueos de carreteras que sectores sociales mantuvieron durante 53 días con la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, también figuran entre los pesquisados la máxima autoridad de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el exejecutivo de la Federación Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, y otras personas hasta sumar 148 procesados.
Mariaca informó que el expediente penal se encuentra radicado en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y que un fiscal de materia dirige las investigaciones junto con la Policía Boliviana.
Explicó que el Ministerio Público cumple una serie de actuaciones para esclarecer los hechos denunciados, entre ellas la emisión de requerimientos fiscales y la convocatoria de personas que puedan aportar información sobre el caso.
La autoridad anunció que la fiscalía actuará sobre la base de elementos objetivos, y evitó adelantar criterios sobre posibles responsabilidades penales.
“No podemos basarnos en meras suposiciones; tenemos que ser objetivos al momento de abrir una denuncia, ya sea de oficio o por denuncia de alguien”, dijo.
En relación con Vicente Salazar, detenido cautelarmente por seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, agregó que su aprehensión ocurrió después que el Ministerio de Gobierno solicitó una orden de captura al considerar que existían indicios de la presunta comisión de delitos.
Al responder una pregunta acerca de proyectos de ley antibloqueo presentados por varios legisladores, Mariaca salvó la responsabilidad de la institución del Estado que él dirige.
Enfatizó en que ese debate corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y reiteró que el Ministerio Público continuará actuando dentro del marco de sus atribuciones cuando existan indicios de la comisión de delitos.
El primer punto de un acuerdo pacificador rubricado el 19 de junio último por el presidente, Rodrigo Paz, y Argollo, expresa que “el Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta; no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”.
ool/jpm
