Los debates evidencian la falta de consenso sobre temas considerados clave para modernizar el funcionamiento del primer órgano del Estado, según explicaron diputados.

Del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño insistió en eliminar el artículo 230 del reglamento, disposición que mantiene una serie de prerrogativas, entre ellas la importación libre de impuestos de hasta dos vehículos para cada legislador principal y uno para el suplente, además de franquicias postales y telefónicas dentro del territorio nacional y la asignación de pasaporte diplomático.

«Si mi elector paga impuestos por un vehículo, yo también tengo la capacidad de hacerlo, sin más privilegios que él», manifestó el parlamentario al sustentar su iniciativa.

La derogación de ese artículo figuraba entre las propuestas impulsadas por distintas bancadas desde el inicio del actual quinquenio legislativo, en julio de 2024. Sin embargo, durante el primer debate en la Comisión de Credenciales se aprobó mantener esas prerrogativas, decisión que ahora vuelve a generar controversia en el segundo debate.

Entre las nuevas modificaciones sometidas a discusión también destaca la aplicación de descuentos salariales a los diputados que se ausenten injustificadamente de las sesiones plenarias o de comisión, medida respaldada por algunos sectores como un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas, aunque rechazada por varios legisladores que consideran que requiere mayores precisiones jurídicas.

El pleno inició esta semana el segundo debate del proyecto que reforma el reglamento interno, pero el avance ha sido limitado debido a la cantidad de reservas y propuestas presentadas por los diputados, lo que mantiene paralizado el análisis de varios artículos.

La iniciativa modifica al menos 25 artículos de la Ley 49 de 1984 e incorpora nuevas disposiciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la digitalización de los procesos legislativos y el funcionamiento de las comisiones permanentes.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, expresó preocupación por la lentitud del proceso y señaló que las reformas deberían constituir una prioridad para el Legislativo, al tiempo que cuestionó que, una semana después de la elección de la nueva junta directiva, todavía no se hayan conformado las 15 comisiones permanentes.

A juicio de la parlamentaria, la ausencia de esos órganos retrasa la discusión de proyectos de ley, las citaciones a funcionarios y el análisis de iniciativas presupuestarias, lo que afecta la capacidad operativa del Parlamento.

En la misma línea, el primer vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, reconoció recientemente que la instalación de las comisiones resulta indispensable para evitar la paralización de trámites como los traslados de partidas y las ratificaciones de funcionarios.

Durante la discusión de las reformas también se han incorporado propuestas para fijar plazos obligatorios en la conformación de las comisiones permanentes, establecer una periodicidad mínima para sus reuniones y agilizar la emisión de conceptos entre las distintas instancias legislativas, medidas que buscan reducir las demoras que históricamente han caracterizado el trabajo parlamentario.

Diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones dedicadas al seguimiento de la gestión pública han reclamado que las modificaciones al reglamento incluyan mayores controles sobre el uso de recursos estatales, normas más estrictas de transparencia y mecanismos que garanticen una asistencia efectiva de los diputados a las sesiones, demandas que han cobrado fuerza desde el inicio del actual período legislativo.

mem/ga