La prensa nacional destaca este lunes que esa es la situación de los entendimientos rubricados entre el consorcio chino CBS y la empresa rusa Uranium One Group con YLB durante el Gobierno del presidente Luis Arce, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revisa acciones judiciales presentadas por comunidades indígenas del sudoeste de Potosí.
Precisa el diario boliviano La Razón que esos contratos permanecen estancados en la ALP debido a una acción popular presentada por 53 comunidades pertenecientes a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), además de una solicitud de medidas cautelares interpuesta ante el Tribunal Agroambiental en 2025.
Los comunarios accionantes plantean observaciones sobre el proceso de consulta, acceso a información, los posibles efectos de los proyectos sobre recursos naturales, ecosistemas y territorios donde se desarrollarán las actividades relacionadas con la explotación del evaporítico.
En respuesta, el TCP inició la revisión del caso y solicitó criterios técnicos y jurídicos a diferentes instituciones y organizaciones especializadas bajo la figura de “amigo de la corte”, entre ellas al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Este organismo internacional presentó argumentos relacionados con los estándares de derechos humanos aplicables a proyectos extractivos de gran escala.
Según La Razón, Helena Rocha, codirectora del Programa de Brasil y Cono Sur de Cejil, informó que el objetivo del documento es aportar criterios sobre las obligaciones que tiene el Estado boliviano en materia de consulta, participación comunitaria, protección ambiental y acceso a información.
Con una reserva confirmada de 23 millones de toneladas en su territorio, una de las mayores del mundo, Bolivia recibe un fuerte golpe a su estrategia de desarrollo de la industrialización de este mineral, clave como fuente de atracción de inversiones, generación de valor agregado y una vía de inserción del país en la transición energética global hacia la electromovilidad.
Los contratos de YLB con empresas de China y Rusia superan los dos mil millones de dólares en inversiones para plantas de extracción directa del mineral y cubren el ciento por ciento del riesgo financiero, según la parte boliviana.
De este monto, aproximadamente mil 30 millones de la moneda estadounidense corresponden a consorcios chinos y cerca de 970 millones a la firma rusa Uranium One Group.
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