Para emitir el veredicto final sobre este polémico enclave, el mandatario se remitirá a informes de auditorías técnicas, económicas y ambientales que aún son evaluadas por el Ejecutivo, según trascendió.
En conferencia de prensa, los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, coincidieron en que el país enfrenta un problema complejo que requiere una solución definitiva, tras el cierre de operaciones de la mina en noviembre de 2023.
Moltó reiteró que el Gobierno no contempla restablecer el contrato declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia mediante el fallo que anuló la Ley 406, aunque subrayó que el cierre del proyecto no resolvió las consecuencias económicas, sociales y ambientales generadas por esa decisión.
Agregó que cualquier alternativa deberá preservar la soberanía del Estado sobre la operación, evitar que los costos recaigan sobre la población y garantizar la seguridad jurídica para mantener la confianza de los inversionistas.
Por su parte, Chapman sostuvo que la paralización de la actividad minera ha significado pérdidas superiores a seis mil 300 millones de dólares en los últimos 32 meses, equivalentes a unos 5,9 millones diarios, además de una caída del 65 por ciento en la inversión extranjera directa y del 75 por ciento en las exportaciones de bienes.
Según el ministro, esos indicadores han reducido la capacidad del país para atraer capitales y podrían afectar el crecimiento económico durante los próximos años.
En el plano ambiental, Navarro presentó los resultados preliminares de una auditoría elaborada por la firma SGS, la cual refleja un cumplimiento del 87,64 por ciento de los compromisos ambientales auditables, aunque detectó nueve incumplimientos relevantes, entre ellos deficiencias en los programas de reforestación y una deforestación superior a la autorizada durante la construcción del proyecto.
Navarro advirtió que permanecen almacenadas unas 38 millones de toneladas de mineral que podrían generar drenaje ácido de roca si no reciben un manejo adecuado.
También precisó que la auditoría comprende 15 tomos y 21 anexos, los cuales continúan bajo análisis técnico.
Una vez concluida esa evaluación, el Ejecutivo elaborará una propuesta que será sometida al escrutinio de especialistas de los sectores científico, académico y ambiental antes de elevar una recomendación al mandatario.
Hace casi tres años, masivas protestas populares paralizaron al país en rechazo a la minería metálica a cielo abierto y condujeron a que el Supremo declarara inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, decisión que obligó al cese de las operaciones del mayor yacimiento cuprífero del país.
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