De acuerdo con la periodista Mônica Bergamo, tres magistrados consultados consideran que el ministro Alexandre de Moraes debería llevar cuanto antes al pleno de la Corte las acciones que cuestionan la constitucionalidad de la denominada Ley de Dosimetría.

Si el tribunal valida definitivamente la legislación y permite su aplicación, el tiempo que el expresidente brasileño debería permanecer en régimen penitenciario cerrado disminuiría de siete años a aproximadamente dos años y tres meses, de acuerdo con cálculos de jueces y abogados citados por la publicación.

Bolsonaro ya habría cumplido casi un año de ese período, por lo que podría abandonar el régimen cerrado a finales de 2027 y continuar el cumplimiento de la condena bajo modalidades semiabierta y abierta, aunque una reducción de la pena no modificaría su condición de inelegible.

La iniciativa también respondería a un escenario de tensiones entre el Poder Judicial y el Legislativo.

Según los magistrados consultados por Bergamo, una definición sobre el asunto contribuiría a reducir las presiones sobre el Supremo, ante la nueva composición del Senado, que asumirá el próximo año con una amplia presencia de representantes de la derecha.

Al menos 49 senadores defienden abiertamente promover procesos de destitución contra integrantes de la máxima instancia judicial, señala la columna.

Los jueces consideran además que resolver la controversia sobre la dosimetría permitiría establecer un horizonte para el cumplimiento de la condena de Bolsonaro y restaría fuerza a las iniciativas parlamentarias que buscan una amnistía para los responsables de los delitos contra el orden democrático.

El Supremo ya se pronunció anteriormente contra la posibilidad de conceder amnistía por crímenes de esa naturaleza.

La Ley de Dosimetría fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en diciembre de 2025, y en abril de 2026, el Congreso Nacional rechazó los vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que abrió el camino para su promulgación.

Sin embargo, en mayo, Moraes suspendió su aplicación a las ejecuciones penales relacionadas con los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, hasta que el pleno del STF examine las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la norma.

El magistrado argumentó entonces que era necesario preservar la seguridad jurídica antes de permitir que los nuevos criterios modificaran las condenas.

La discusión también podría reducir la presión sobre el tribunal para acelerar una revisión criminal solicitada por la defensa de Bolsonaro, procedimiento que permitiría examinar posibles irregularidades en el proceso y que podría incluso conducir a la anulación de la sentencia. ocs/mar