El enjuiciamiento político fue promovido por legisladores de oposición por presuntas irregularidades en contrataciones para la provisión de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024, que provocaron un desfalco de más de 70 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

Durante la sesión de este lunes, la mayoría oficialista en la comisión rechazó incorporar nueva documentación y testimonios solicitados por los asambleístas interpelantes, Blasco Luna y Lenín Barreto, de la Revolución Ciudadana (RC).

Los proponentes sostuvieron que los nuevos elementos permitirían profundizar el análisis sobre el perjuicio económico y transparentar las decisiones adoptadas durante la gestión de Manzano, que fue titular de la cartera de Energía hasta el pasado 30 de abril.

Tras la decisión de añadir nuevos elementos, la defensa de la exministra presentó 13 anexos documentales como pruebas de descargo y la comisión convocó para mañana 14 de julio a una nueva sesión, en la que continuará la actuación de pruebas.

Paralelamente, la bancada de la RC exigió que Manzano comparezca personalmente y no ejerza su defensa únicamente a través de abogados.

La legisladora Ana Herrera sostuvo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el funcionario sometido a juicio político debe presentar personalmente sus descargos, mientras que la asistencia legal tiene un carácter técnico.

“Los responsables políticos no pueden quedar en la impunidad y los ecuatorianos deben saber a quién se está encubriendo y qué se quiere ocultar”, subrayó Blasco Luna.

En cambio, el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), aseguró que el proceso se desarrolla con apego a la Constitución, al debido proceso y al derecho a la defensa, y rechazó las acusaciones de que busca proteger a la exfuncionaria.

El proceso político contra Manzano, que en un inicio fue bloqueado por el oficialismo, se centra en las irregularidades relacionadas con el contrato de la empresa Austral Technical Management para la provisión de generación eléctrica de emergencia.

No obstante, la exministra también ha sido mencionada en el contexto de los contratos con la firma estadounidense Progen, investigados por la Fiscalía dentro del denominado caso Apagón.

Manzano ha dicho que ninguno de esos convenios fue suscrito durante su gestión y que le correspondió administrar su ejecución y enfrentar los incumplimientos detectados.

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