La restricción de movilidad, que comenzó en la madrugada de este domingo, permanecerá vigente hasta el 10 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
Los uniformados realizaron controles en sitios estratégicos y operativos focalizados para verificar el cumplimiento de la disposición, que limita la circulación entre las 00:00 y las 05:00, hora local.
Durante la primera noche de la medida, al menos 80 personas fueron detenidas en Portoviejo, capital de Manabí, por incumplir la restricción, informó el comandante de la zona, Antonio Tricerri.
En Guayaquil, la mayor ciudad del país, agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) también desplegaron controles desde la medianoche en distintos puntos, incluido el sector de Portete, donde detuvieron vehículos para revisar las condiciones en que circulaban sus ocupantes.
De acuerdo con las autoridades, la medida busca facilitar operaciones especiales de policías y militares contra organizaciones criminales.
La nueva restricción se aplica a un mes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, cuando los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales para los próximos cuatro años.
Además, coincide con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, hasta el 3 de noviembre, uno de los periodos festivos más largos del año en Ecuador, por lo que impacta la movilidad, la economía y la actividad cotidiana en las provincias afectadas.
Este toque de queda se suma a los aplicados en marzo, mayo y septiembre de este año, en medio de una crisis de seguridad que mantiene a Ecuador entre los países más afectados por la violencia vinculada al crimen organizado.
En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles, el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno, con lo cual propició la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
A pesar de esa y otras medidas que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, entre enero y septiembre de este año el número de homicidios llegó a más de seis mil, según datos oficiales.
El mes pasado organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.
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