La normativa, que entró en vigor, dispone que las empresas con ingresos de hasta cinco millones de pesos (unos 84 mil 746 dólares) anuales deberán aportar cinco mil pesos (84,75 dólares), frente a los tres mil pesos (50,85 dólares) contemplados en la legislación anterior para compañías con entradas de hasta un millón de pesos (16 mil 949 dólares).

Asimismo, mantiene la contribución de seis mil pesos (101,69 dólares) para las empresas con volumen de negocios de entre cinco y 10 millones de pesos (84.746 y 169.492 dólares, respectivamente) y reajusta los montos para los demás tramos.

El cambio más significativo corresponde a las empresas con ingresos superiores a 100 millones de pesos (1,69 millones de dólares), para las cuales se elimina la contribución fija de 675 mil pesos (unos 11 mil 440 dólares).

En estos casos establece una escala progresiva de entre 400 mil pesos (alrededor de seis mil 700 dólares) y 2,2 millones de pesos (37 mil 280 dólares), según el nivel de facturación.

La ley también contempla contribuciones para firmas que no registren ganancias, al tomar como referencia los ingresos brutos y no las utilidades.

La reforma suscitó cuestionamientos de organizaciones empresariales, entre ellas el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara Americana de Comercio y la Asociación de Hoteles y Turismo, que reclamaron un proceso de discusión más amplio, sustentado en criterios técnicos, y expresaron preocupación por el impacto de la medida sobre la competitividad, el clima de inversión y los costos para entidades y consumidores.

El proyecto, presentado por el senador Antonio Marte, fue aprobado por el Congreso Nacional mediante un procedimiento de urgencia antes de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

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