Con esta denominación, el actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, prometió desde su campaña electoral que el 50 por ciento del presupuesto sería para el Gobierno nacional y la otra mitad para las gubernaturas, municipios, autonomías indígenas y universidades.
Convocados por el gobernador de La Paz, Luis Revilla, concurrieron al foro realizado en la ciudad de El Alto sus pares de Santa Cruz, Juan Pablo Velazco; Beni, Jesús Égüez; Luis Ayllón (Chuquisaca), Édgar Sánchez (Oruro), María René Soruco (Tarija) y una representante de Pando enviada por la gobernadora, Gabriela de Paiva.
Ausentes estuvieron las máximas autoridades ejecutivas de Cochabamba, Leonardo Loza; y de Potosí, René Joaquino Cabrera.
Paz invitó a estas autoridades a debatir en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, el 5 de agosto próximo, cómo concretar el 50/50.
“La idea es llegar a Sucre ya con una hoja de ruta y un plan de trabajo conjunto que responda a las expectativas de las regiones”, declaró Revilla.
Informó que los gobernadores también plantearán la revisión y derogación de normas que, a su juicio, perjudican a las gobernaciones y limitan el ejercicio de las autonomías.
Señaló que varias de esas disposiciones fueron aprobadas en anteriores gestiones de gobierno y, según indicó, “en contra de la Constitución y de manera ilegal”.
Velazco, por su parte, comentó que sobre el 50/50 existe consenso para que la redistribución de recursos se concrete mediante la modificación de la coparticipación de, al menos, un impuesto.
Opinó que la aplicación del nuevo esquema debería realizarse de manera gradual a partir de la gestión 2027, en el contexto del debate sobre un nuevo pacto fiscal entre el nivel central y los gobiernos departamentales.
Los siete participantes también propusieron que algunas instituciones administradas por el Ejecutivo central pasen a depender de las gobernaciones, principalmente en áreas donde consideran que existen problemas de eficiencia.
Subrayó Revilla que los gobiernos departamentales tienen un mayor conocimiento de las necesidades de cada región y mejores condiciones para asumir funciones de fiscalización, control y administración.
Otro de los acuerdos fue impulsar la creación de una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales, destinada a fortalecer la coordinación entre esas jurisdicciones, promover asistencia técnica y consolidar una agenda institucional común.
Aclaró el gobernador anfitrión que la nueva instancia no reemplazará las competencias establecidas en la Constitución, sino que servirá como un instrumento de coordinación y cooperación entre las administraciones departamentales.
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