El documento «Sostener la vida dentro y fuera de las cárceles», presentado este viernes, señala que esos fallecimientos ocurrieron en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, y atribuye la situación al abandono estatal.
La investigación califica la política penitenciaria como una forma de «necropolítica» y considera que el Estado ha convertido la salud de las personas privadas de libertad en un mecanismo de castigo mediante la falta de atención médica, alimentación adecuada y condiciones sanitarias mínimas.
Según el informe, la cifra de fallecidos contradice la información difundida por el Ministerio de Salud Pública, que en marzo de 2025 reconoció mil 115 casos de tuberculosis en el sistema penitenciario y 565 internos en tratamiento en la Penitenciaría del Litoral.
Sin embargo, la entidad descartó de forma oficial la existencia de muertes por esa enfermedad en los centros de privación de libertad.
Los autores afirman que la ausencia de registros públicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) evidencia una respuesta negligente frente a la emergencia sanitaria.
El estudio identifica como causas del agravamiento de la crisis el hacinamiento, la falta de aislamiento de personas enfermas, la reducción de la calidad y cantidad de los alimentos y las restricciones para el ingreso de medicamentos.
Asimismo, el CDH recoge testimonios de familiares que describen un severo deterioro físico de los internos y denuncian condiciones incompatibles con la rehabilitación.
El colectivo también sostiene que la militarización de las cárceles, aplicada tras la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024, profundizó la crisis sanitaria al suspender programas de salud, dificultar las derivaciones médicas y provocar el desabastecimiento de medicamentos y dietas clínicas.
Además, documenta denuncias de torturas y otros tratos crueles contra la población penitenciaria.
El estudio señala que la responsabilidad de garantizar la alimentación y la atención médica ha recaído sobre las familias de los reclusos y precisa que el 97 por ciento de quienes buscan apoyo son madres, parejas o hermanas que perciben menos de 100 dólares semanales, pese a lo cual debe destinar entre 20 y 35 dólares cada semana para cubrir necesidades básicas de sus familiares encarcelados.
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