De acuerdo con un estudio divulgado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), elaborado con base en datos de la Encuesta Nacional de Mipymes 2022-2024 del Banco Central, el país cuenta con unas 404 mil mipymes, de las cuales el 32,7 por ciento está encabezado por personas de entre 18 y 39 años.

No obstante, el 65 por ciento de esas empresas desarrolla sus actividades en la informalidad, principalmente en negocios de pequeña escala y baja productividad.

Anje considera que la elevada informalidad constituye uno de los principales obstáculos para el emprendimiento juvenil, al impedir que muchas empresas accedan a crédito, programas de apoyo, contratación pública y otros mecanismos que favorecen su crecimiento.

La organización recuerda que las mipymes representan alrededor del 98 por ciento del tejido empresarial dominicano, aportan cerca del 32 por ciento del producto interno bruto (PIB) y generan más del 60 por ciento del empleo nacional.

Sin embargo, advierte que la informalidad continúa siendo un problema estructural que golpea la productividad y la estabilidad de ese sector.

Como parte de sus propuestas, Anje plantea la creación de una «Certificación Mipyme Joven», concebida como un instrumento para incentivar la formalización mediante beneficios temporales y progresivos.

Entre ellos figuran facilidades para participar en compras públicas, programas de capacitación y, en una segunda etapa, un tratamiento diferenciado en materia tributaria, laboral, administrativa y de seguridad social.

El documento reconoce que la Ley 30-26, promulgada recientemente por el Gobierno dominicano para impulsar el crecimiento económico y simplificar el sistema fiscal, incorporó algunas medidas en esa dirección, como la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta para las microempresas.

Sin embargo, estima que el alcance de esa disposición resulta limitado para el conjunto de las mipymes lideradas por jóvenes.

La asociación sostiene que los incentivos deben estar condicionados al cumplimiento gradual de las obligaciones legales y al fortalecimiento de las capacidades empresariales, con el propósito de que la formalización sea vista como una oportunidad para acceder a nuevos mercados, financiamiento, asistencia técnica y protección social.

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