“Mientras miles de familias hacen largas filas para conseguir alimentos, medicamentos, combustible y dólares, el Gobierno pretende imponer un paquete de 10 leyes y una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, desviando la atención de las verdaderas necesidades de la población”, afirma el documento.
Opinan los integrantes de la API que el pueblo no necesita más leyes sino soluciones urgentes que devuelvan la estabilidad económica, el poder adquisitivo de los salarios y la confianza en el futuro del país.
Recuerdan que durante la campaña electoral, en 2025, el actual presidente, Rodrigo Paz, prometió que Bolivia no recurriría al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, advierten, hoy el propio Gobierno reconoce negociaciones para acceder a financiamiento externo.
Añade que otra promesa fue la protección del valor del salario, “pero la devaluación del boliviano y la crisis cambiaria han reducido considerablemente la capacidad de compra de los trabajadores”.
En referencia a los jubilados, recuerda la API que durante la campaña electoral Paz prometió una mejor situación para los jubilados, quienes tras ocho meses de la llegada del mandatario a la silla presidencial continúan a la espera de respuestas concretas.
Considera inaceptable la API que, aprovechando la emergencia económica, el Ejecutivo pretenda aprobar de manera acelerada un paquete legislativo que modifica sectores estratégicos como los hidrocarburos, la minería; la electricidad, inversiones; economía verde y reducción del aparato estatal, además de asuntos electorales y del sistema de justicia.
Sostiene el texto que ningún país supera una crisis económica únicamente aprobando nuevas leyes, pues la inversión requiere confianza, seguridad jurídica, estabilidad económica y reglas construidas mediante el consenso de la sociedad, no mediante imposiciones ni procedimientos acelerados.
En relación con propuestas de modificar la Constitución, los asambleístas opinan que esa decisión “en medio de una profunda crisis económica solo incrementará la incertidumbre política y social, cuando Bolivia necesita precisamente unidad, estabilidad y políticas que reactiven la producción y protejan a las familias bolivianas”.
Sobre la base de estos presupuestos, la API rechaza cualquier intento de aprobar este paquete de leyes o reformas constitucionales sin un amplio debate nacional y sin la participación efectiva del pueblo organizado.
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