En una declaración conjunta, el Partido Socialismo y Libertad, de Brasil; Nuevo Perú por el Buen Vivir; Derecho al Futuro, de Argentina; Pacto Histórico, de Colombia; y el Frente Amplio, de Chile, cuestionaron las decisiones judiciales que suspendieron primero a la Revolución Ciudadana (RC) y luego a su aliado, el movimiento Amigo.

Los firmantes señalaron que las medidas contra esos grupos políticos alteraron las condiciones de la competencia por los más de cinco mil cargos locales que estarán en disputa en los comicios seccionales del 29 de noviembre.

«Más allá del resultado final de los procesos judiciales en curso, esta secuencia de decisiones produce efectos concretos sobre las condiciones de competencia electoral y puede afectar el ejercicio efectivo de los derechos políticos», afirmaron las organizaciones.

Asimismo, sostuvieron que la acumulación de medidas contra fuerzas opositoras constituye una señal de alerta para la calidad de la democracia y advirtieron que el pluralismo político exige no solo la celebración de elecciones, sino también igualdad de condiciones.

El pronunciamiento valoró el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el despliegue de una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, aunque consideró que ese acompañamiento debe iniciarse desde las fases previas del proceso electoral.

En ese sentido, solicitaron a los organismos internacionales especializados requerir información al Tribunal Contencioso Electoral y al CNE sobre las acciones previstas para garantizar que las precandidaturas previamente vinculadas al movimiento Amigo puedan ejercer plenamente sus derechos políticos mediante otras alianzas u organizaciones.

La declaración sitúa la crisis ecuatoriana dentro de un contexto latinoamericano marcado por una creciente disputa geopolítica tras la reaparición de concepciones orientadas a reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio.

El 29 de noviembre próximo los ecuatorianos irán a las urnas a escoger prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, así como a los miebros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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