Organizaciones sociales y políticas, así como analistas y ciudadanos, cuestionaron en los últimos días las decisiones de la justicia electoral que conllevaron a la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) y al movimiento Amigo.

“Esto que vivimos es una dictadura, pura y dura”, aseveró el parlamentario andino Virgilio Hernández, quien aseguró que el Gobierno controla las funciones del Estado, impide elecciones “libres y competitivas”, persigue opositores y acomoda la Constitución “a intereses del dictador y su grupo oligárquico”.

También la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos consideró que la suspensión de Amigo, sumada a la de RC y a la cancelación del movimiento Construye, restringe la competencia electoral y reduce las opciones de los votantes.

En medio de las denuncias y cuestionamientos, el ministro del Interior, John Reimberg, confesó públicamente que “necesitamos alcaldes que trabajen con el Gobierno nacional, necesitamos alcaldes que estén comprometidos con la misma línea del Gobierno”.

Paralelamente, esta semana, el presidente Daniel Noboa apoyó la suspensión de organizaciones políticas opositoras, acusadas por la Fiscalía General por presunto lavado de activos, y dijo que los precandidatos de la RC pueden postularse por cualquier otro partido.

Además, en una entrevista radial, el mandatario anunció inversiones públicas a partir de los próximos meses, en plena campaña previa a las elecciones de prefectos, alcaldes y otras autoridades locales.

Entre los proyectos anunciados mencionó la construcción de un nuevo Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, con capacidad para 60 mil espectadores, iniciativa para la cual, según dijo, existe un «preacuerdo» con una precandidata a la Alcaldía de la urbe.

Noboa también se refirió a posibles cambios en el proyecto de ampliación del Metro de Quito y planteó la posibilidad de extender la línea hasta Calderón, en lugar de La Ofelia, como ha propuesto la administración de la capital, actualmente liderada por el opositor aspirante a la reelección Pabel Muñoz.

En el ámbito político, esta semana también fue noticia la recomendación del archivo del pedido de juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano, por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista.

La exfuncionaria es acusada de incumplimiento de funciones por las irregularidades en el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM) durante la crisis eléctrica de 2024.

La bancada opositora de la RC denunció un «pacto de impunidad» para salvar a Manzano, a quien vinculan con el desfalco millonario al Estado por contratos fallidos.

Por otro lado, organizaciones sociales que impulsan la revocatoria del mandato del presidente Noboa insisten en activar ese mecanismo previsto en la Constitución.

Si bien ya el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya negó una de las dos solicitudes del procedimiento, los impulsores de la iniciativa acudieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para intentar revertir la decisión con la que buscan sacar a Noboa del poder.

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