De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación (Meduca), al cierre del mes pasado aún permanecían sin cubrir alrededor de 23 plazas en asignaturas esenciales como Inglés, Matemáticas, Español, Historia de Panamá y Cívica, aunque dirigentes del sector sostienen que el problema es mayor y alcanza cerca de 191 vacantes en distintos niveles del sistema público.

El profesor Diógenes Sánchez indicó que, a estas alturas del calendario escolar, no deberían existir puestos docentes sin ocupar, pues ello repercute directamente en el cumplimiento de los programas académicos y en el aprendizaje de los estudiantes.

La situación se produce en un escenario marcado por la salida de casi 300 educadores tras las protestas del año pasado contra la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Hasta el momento, solo tres docentes han sido restituidos en sus cargos, mientras otros 296 continúan inmersos en procesos administrativos y disciplinarios que podrían derivar en su separación definitiva del sistema educativo, precisó.

A ello se suma la investigación abierta por el Meduca sobre 401 denuncias relacionadas con presuntos títulos académicos falsificados presentados por aspirantes a ejercer la docencia, un caso que ha encendido las alarmas sobre los mecanismos de fiscalización y selección del personal.

Representantes del sector educativo atribuyen parte de la actual crisis a la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo 56 de 2025, que derogó la normativa vigente desde 1996 y modificó los requisitos para acceder a plazas docentes en la educación básica general y media.

La nueva regulación estableció como condición poseer simultáneamente un profesorado de segunda enseñanza y una licenciatura en la especialidad correspondiente, eliminando la posibilidad de participar en los concursos a quienes aún se encontraban culminando alguno de esos estudios.

El catedrático José Cambra consideró que la medida fue adoptada sin consulta con los gremios y provocó una escasez de aspirantes en especialidades científicas como Física y Química, cuyos profesionales egresan con una frecuencia limitada de la Universidad de Panamá.

Ante las dificultades para cubrir esas vacantes, el propio Meduca aprobó el Decreto Ejecutivo 28, del 14 de julio de 2026, mediante el cual flexibilizó temporalmente los requisitos para ocupar determinados cargos.

La disposición autoriza, de manera excepcional, el nombramiento de aspirantes que aún no hayan culminado sus estudios universitarios, siempre que acrediten al menos 82 créditos aprobados en la especialidad o 120 en carreras afines reconocidas por la institución.

Sin embargo, gremios docentes sostienen que esa flexibilización ha propiciado nombramientos de profesionales sin la formación específica requerida para impartir determinadas materias.

Las preocupaciones del sector coinciden con la percepción ciudadana reflejada en una encuesta divulgada por el diario La Estrella de Panamá, según la cual el 60 por ciento de los consultados calificó como mala o muy mala la calidad de la educación primaria y secundaria del país, frente a un 36,7 por ciento que la consideró buena y apenas un 1,4 por ciento que la evaluó como muy buena.

Especialistas coinciden en que la recuperación del sistema requerirá no solo completar las plazas vacantes, sino también fortalecer los procesos de selección, formación y permanencia del personal docente, considerados factores determinantes para elevar la calidad de la educación pública panameña.

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