En declaraciones a una radioemisora de Pernanbuco, el titular defendió la política fiscal del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que el nivel de endeudamiento debe analizarse de acuerdo con las características de cada país.

No existe una regla o un límite establecido en los manuales foráneos, ya sea del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de otro organismo, que determine cuál es el nivel máximo de endeudamiento de una nación, expuso Durigan, al recordar que las dimensiones de las economías y sus estructuras fiscales son diferentes.

Según el ministro, la deuda bruta brasileña se sitúa actualmente entre el 80 y el 81 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje inferior al observado en economías desarrolladas como Estados Unidos, Japón, China y varios países europeos.

No obstante, Durigan evitó presentar esa comparación como una señal de comodidad para las finanzas públicas brasileñas.

Eso no significa que nuestra situación sea buena, tenemos una deuda alta, pero está bajo control, puntualizó Durigan, quien insistió en que el objetivo del Gobierno continúa siendo estabilizar la trayectoria del endeudamiento y reducirla de manera gradual en los próximos años.

Tal análisis se produce en momentos en los cuales la administración intenta consolidar el equilibrio de las cuentas públicas mediante el nuevo marco fiscal, el control del déficit primario y el mantenimiento de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

Para Durigan, el principal desafío radica en el elevado costo financiero de la deuda.

Explicó que el crecimiento del endeudamiento está impulsado principalmente por los altos intereses pagados por el Estado para refinanciar los títulos públicos, una situación que también repercute sobre el crédito destinado a empresas y consumidores.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de fortalecer la credibilidad de la política económica para crear condiciones que permitan reducir gradualmente las tasas de interés, disminuir el costo del financiamiento estatal y aliviar la presión sobre las cuentas públicas.

Aseguró que incluso las proyecciones más conservadoras del Tesoro Nacional indican que la deuda continuará creciendo hasta aproximadamente 2030, cuando comenzaría un proceso de reducción en relación con el PIB si se mantienen las políticas fiscales actualmente en ejecución.

La administración de Lula considera que la consolidación fiscal constituye un elemento esencial para sostener el crecimiento económico, ampliar la inversión pública y privada, y reforzar la resiliencia de Brasil frente a eventuales choques externos.

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