Mediante un comunicado, la fuerza del orden interior consideró que esos sucesos fueron promovidos por estructuras y grupos de delincuencia que pretenden sembrar zozobra en municipios y departamentos del país.
Mencionó el despliegue operativo e intervención territorial de sus uniformados para neutralizar las amenazas criminales y recuperar los espacios públicos.
Puntualizó en el uso de fuerzas especiales y otras unidades con incursiones tácticas y patrullajes en los municipios y sectores identificados con mayor índice de vulnerabilidad.
Incluyó la activación del código rojo en la cabina 110, donde priorizarán y responderán en minutos ante alertas de “gritos de auxilio”, “violencia en inmuebles” o presencia de personas armadas denunciadas por la ciudadanía.
Sumó puestos de control móviles y puntos de bloqueo para la verificación intensiva de personas y vehículos a altas horas de la noche en rutas de acceso y salida de los municipios intervenidos.
Asimismo, la coordinación técnica con centros de monitoreo, en aras de articular en tiempo real con las alcaldías para el seguimiento en vivo de sospechosos mediante la red de videovigilancia.
Llamó al Ministerio Público y al organismo judicial a cerrar el ciclo procesal en los tribunales. “Capturar a los criminales es responsabilidad de la PNC, pero mantenerlos fuera de las calles es una tarea integral del Estado”, dijo.
Nuestros agentes arriesgan su vida diariamente para capturar en flagrancia a los generadores de violencia, describió.
Sin embargo, acotó, cuando las instancias judiciales no imponen las medidas de prisión preventiva o las sanciones penales correspondientes, los delincuentes retornan a las calles a reincidir y atemorizar a las comunidades.
Para que la seguridad sea efectiva, la captura policial debe ir acompañada de una condena firme, aseveró la institución.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho, pues –expuso- su información es el insumo más poderoso para desarticular a los grupos criminales antes de que ejecuten actos violentos.
Un ataque armado en la madrugada del pasado 25 dejó siete personas fallecidas en Boca del Monte, municipio capitalino Villa Canales.
Ante ese suceso y otros ocurridos, el alcalde de esa demarcación, Ramiro Rivera, exhortó a autoridades nacionales, diputados y cuerpos de seguridad a “actuar en conjunto” y “buscar soluciones”.
Debido a crisis de seguridad (escalada violenta), Guatemala decretó a inicios de año Estado de Sitio por 30 días y otros de Excepción, que finalizaron en mayo, con operativos focalizados, entre otras.
idm/znc
