La agrupación, integrada por los partidos de los Trabajadores (PT), Verde (PV) y Comunista de Brasil (PCdoB), presentó ante la Procuraduría General Electoral una petición para que el Ministerio Público esclarezca la organización, el financiamiento y el uso de eventuales recursos públicos relacionados con la participación de Milei en la convención nacional del Partido Liberal (PL).
Según el documento divulgado por el PT, la solicitud no presupone la existencia de ilícitos electorales o administrativos, pero sostiene que corresponde verificar los hechos en resguardo de “la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre los futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño”.
Durante su visita, Milei participó en la convención del PL en São Paulo, donde manifestó respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.
En ese evento, el mandatario argentino dirigió ataques y ofensas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, hechos que motivaron reacciones del Gobierno federal, de la corte y de dirigentes políticos.
La federación argumentó que la presencia del jefe de Estado argentino no constituyó un episodio aislado, sino una actividad de claro contenido político-electoral, por lo que consideró necesario determinar si fueron movilizadas estructuras estatales brasileñas o extranjeras para favorecer un acto vinculado con la sucesión presidencial de 2026.
En ese sentido, pidió establecer la naturaleza jurídica de la visita, identificar quién asumió los gastos de transporte, hospedaje, desplazamientos, seguridad y logística, y esclarecer si se utilizaron recursos públicos argentinos para una agenda partidista en territorio brasileño.
El documento cuestiona asimismo una condecoración otorgada a Milei por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pocas horas antes de la convención del PL.
Los partidos sostienen que la soberanía constituye un principio fundamental del Estado brasileño y que, durante un proceso electoral, exige garantizar que la formación de la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas incompatibles con la autodeterminación política del país.
Su solicitud concluye que corresponde al Ministerio Público Federal determinar si la actuación de las autoridades involucradas se mantuvo dentro de los límites fijados por la Constitución o si procede adoptar medidas para proteger la soberanía nacional y la integridad del proceso electoral brasileño.
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