Denominado Proyecto de Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los organismos financieros internacionales y reforma del convenio constitutivo del FMI va con la firma también de una veintena de representantes de la oposición al ejecutivo de Javier Milei que ha estrechado los vínculos con esa entidad crediticia.
Entre ellos plasmaron su rúbrica Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustin Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López, precisa una gacetilla de prensa que compartió el Partido Justicialista.
La presentación de la propuesta coincide con la llegada este lunes de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, quien se reunirá con el presidente, su Gabinete y visitará Vaca Muerta, el mayor yacimiento de petróleo y gas del país en la patagónica Neuquén.
Su intención, al menos según trascendió públicamente, es evaluar la marcha de la aplicación de las recetas que le dejó el organismo a la Casa Rosada para seguirle desembolsando préstamos al gobierno.
Con su iniciativa, Máximo Kirchner y quienes apoyan el proyecto buscan recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo del país con el objetivo de que ninguna operación de crédito se decida por decreto.
Además fija un techo legal a la deuda externa, e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio FMI una revisión del excedente que hoy carga el país. La propuesta de Kirchner busca para Argentina orden, previsibilidad y mayor control democrático.
El gobierno argentino debe al FMI más de 57 mil millones de dólares, consolidando al país como su mayor deudor global. Este monto incluye el préstamo original del 2018, refinanciaciones posteriores y un programa acordado en abril de 2025 por 20 mil millones de dólares adicionales.
Esos adeudos los contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y el de Milei en 2025 sin recurrir al análisis y aprobación del Palacio Legislativo.
La administración de Milei debe afrontar compromisos en términos de vencimientos y pagos por más de cuatro mil 400 millones de dólares durante 2026.
Esos pagos debe cancelarlos según acuerdo 826 millones de dólares el 1 de agosto, cerca de 802 millones en septiembre, 821 millones a inicios de noviembre y 343 millones al cierre de diciembre.
Frente a la situación actual de endeudamiento que atraviesa la Argentina se hace necesario distinguir lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente).
La iniciativa persigue abrir un debate que requiere de diferentes esferas de decisión a nivel local e internacional que demandan del compromiso del Poder Legislativo y Ejecutivo para garantizar una salida sostenible que no dependa de un nuevo ajuste sobre el pueblo argentino.
El Fondo –alertan los diputados- no aplicó las herramientas previstas para controlar la fuga de capitales a la vez que el crédito fue aprobado primero por la administración de Macri incumpliendo los procedimientos institucionales esenciales. Lo mismo hizo el actual gobierno libertario.
Esas cuestiones se evidencian en los informes de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y de la Auditoría General de la Nación.
Basado en la doctrina de corresponsabilidad acreedor-deudor el proyecto tiene en cuenta que las consecuencias de un programa fallido no pueden recaer solamente sobre el país deudor, cuando el acreedor multilateral ha incumplido sus propios estándares de gobernanza técnica.
El caso argentino es un ejemplo paradigmático de falla institucional y su corrección beneficiará al conjunto del sistema, precisa la nota del PJ.
Se trata de ordenar la macroeconomía priorizando el equilibrio social en beneficio de los argentinos. Kirchner propone discutir el excedente político del acuerdo de 2018 para establecer un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento de Argentina y sin descargar el ajuste sobre la distribución del ingreso, proponen los firmantes del anteproyecto.
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