“No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal. Es un tema de –obviamente, hasta que no quede juzgado- de una persona que presuntamente, de acuerdo con todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible”, señaló.

Durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo agregó que Ruffo habría cometido también un fraude a la Hacienda pública y traído durante años combustible ilegal desde la vecina nación norteña.

“Quienes firman diciendo que es un asunto político, están equivocados”, aseveró en respuesta a una pregunta sobre la declaración rubricada por exmandatarios, entre los que figuran personajes tan cuestionados como el colombiano Álvaro Uribe y el español José María Aznar.

Sheinbaum hizo hincapié en que el proceso a Ruffo tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y existe suficiente información por parte de la Fiscalía General de la República para haber obtenido una orden de aprehensión de un juez.

“Se siguen las investigaciones. Y es esta persona junto con otros siete que fueron detenidos por este delito”, subrayó. La red criminal habría causado un daño al fisco superior a los cuatro mil millones de pesos (228 millones 301 mil 320 dólares).

Según la fiscal general, Ernestina Godoy, esta organización realizaba acciones consistentes en “introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas”, y estaba integrada por “estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas”.

“Utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones” y, para ello, operaba mediante una empresa relacionada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador, perteneciente al opositor Partido Acción Nacional, detalló.

Los combustibles provenían de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y eran distribuidos principalmente en los estados mexicanos de Coahuila, Durango y Zacatecas.

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