Esta y otras medidas fueron anunciadas luego de que la denominada Operación Pandora, desarrollada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, revelara una supuesta red integrada por funcionarios de la DGI y particulares dedicada a manipular el sistema tributario e-Tax para generar créditos fiscales irregulares.
El titular del MEF, Felipe Chapman, informó que la institución detectó graves irregularidades y aseguró que el Gobierno fortalecerá los mecanismos de control para proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia en la administración tributaria.
Como parte de las acciones inmediatas, se dispuso la separación de los servidores públicos presuntamente vinculados al caso y la suspensión temporal de los trámites relacionados con créditos fiscales bajo sospecha.
Chapman también solicitó al contralor general de la República, Anel Bolo Flores, una auditoría integral para determinar cómo operó el mecanismo, identificar las fallas en los controles internos y establecer las vulnerabilidades del sistema.
Según las investigaciones, la red alteraba registros de contribuyentes que ya habían cumplido sus obligaciones tributarias para convertir esos pagos en créditos fiscales, los cuales eran posteriormente transferidos a sociedades intermediarias y utilizados para cancelar impuestos o comercializados, en perjuicio del erario.
Las auditorías del MEF detectaron además modificaciones en representantes legales de sociedades y cambios en direcciones de correo electrónico dentro del sistema tributario, presuntamente para facilitar el control de los créditos obtenidos de manera irregular.
Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene imputadas a 17 personas por presuntos delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, entre ellas funcionarios y exfuncionarios de la DGI, abogados y representantes de sociedades.
Entre los principales investigados figura el empresario José Miguel Jurado Rovira, señalado por la Fiscalía como directivo de dos sociedades que habrían recibido más de 23 millones de dólares en créditos fiscales.
En paralelo, el exdirector de la DGI Publio De Gracia aseguró que las primeras denuncias sobre alteraciones de datos en el sistema tributario fueron detectadas en 2022, lo que motivó investigaciones administrativas y posteriores denuncias penales.
De acuerdo con su versión, el incremento de solicitudes de compensación y cesión de créditos fiscales llevó a la administración tributaria a suspender esos trámites en febrero de 2024 y reforzar un mes después los requisitos para su aprobación.
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