El ex funcionario del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou fue acusado por el Frente Amplio de habilitar el primer pago al armador para la compra de dos patrullas interoceánicas sin contar con la documentación original y con base a documentos que resultaron falsos.

“Ese primer pago de más de ocho millones de euros se hizo sin tener la documentación adelante”, sostuvo el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, quien aseguró que el Ministerio de Defensa contaba únicamente con un informe del estudio Delpiazzo.

Garlo señaló que el propio estudio había aclarado que su función no era controlar las garantías y afirmó que había advertido “de forma sistemática” sobre irregularidades en el proceso de constitución de esos documentos.

También cuestionó las sucesivas prórrogas otorgadas al astillero y sostuvo que respondieron a una “decisión política” de mantener vigente el contrato, sin considerar las consecuencias que podían generar.

Según el diputado, esas extensiones permitieron que Cardama presentara una garantía falsa y documentación adulterada. “Tenemos el documento original del escribano español y tenemos el documento trucho presentado por Cardama, totalmente falsificado”, afirmó.

“El mismo día que se anunció que se constató que la garantía era falsa, Cardama presentó la misma garantía con la misma empresa: una empresa que no tenía empleados, que no existía y que no tenía domicilio”, añadió.

El legislador sostuvo que el actual gobierno logró determinar en “unas pocas semanas” la falsedad de la garantía y apuntó a que en la administración anterior “no existieron controles profundos para evitar que el Estado uruguayo sea estafado por parte de la empresa”.

Castaingdebat, por su parte, defendió ante la comisión que el proceso contó con controles.

Indicó que el Tribunal de Cuentas, el contador central del Ministerio de Economía y el contador auditor intervinieron el gasto sin formular observaciones.

Alegó que las prórrogas tuvieron como objetivo “conservar el contrato” y permitir que avanzara la construcción de las patrulleras. También advirtió que la rescisión podía derivar en un juicio contra el Estado.

La comisión resolvió por unanimidad enviar a Fiscalía todas las actuaciones una vez que finalice su plazo de trabajo, previsto para agosto.

También acordó convocar formalmente al propietario del astillero, Mario Cardama, y al representante de la empresa en Uruguay, Gerardo Moreira. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, comparecerá en la próxima sesión, prevista para el lunes.

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