La audiencia formó parte del tercer Tribunal Regional de los Derechos de la Naturaleza, instalado en el marco del Foro Social Panamazónico (Fospa) Ecuador 2026, que reúne en la ciudad de Puyo a representantes de organizaciones indígenas y sociales de varios países de la región.

El Fospa, que se desarrolla del 16 al 21 de agosto, busca contribuir a la construcción de un plan de acción conjunto para la defensa de la Amazonía frente al extractivismo y otras amenazas ambientales.

​Durante la sesión de este miércoles se escucharon testimonios y evidencias de casos emblemáticos provenientes de distintos países de la cuenca amazónica: Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.

La presidenta del tribunal, Patricia Gualinga, del Pueblo Nativo Kichwa de Sarayaku, y Miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, defendió la necesidad de avanzar hacia una Amazonía libre de combustibles fósiles y extendió ese objetivo a todas las formas de extractivismo.

“Sin estos ecosistemas nosotros no vamos a existir”, afirmó la defensora de los pueblos originarios, quien destacó la relación entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos.

El presidente de la Asamblea de Jueces del tribunal, Francesco Martone, señaló que la audiencia permitirá formular medidas de reparación o prevención ante las vulneraciones identificadas.

Según explicó, las resoluciones serán entregadas a gobiernos, empresas y organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Martone destacó además la importancia de que las decisiones del tribunal no sustituyan las determinaciones de los pueblos indígenas, sino que contribuyan a amplificarlas y convertirlas en herramientas de incidencia internacional.

Uno de los primeros casos analizados fue presentado por el fiscal de la Tierra, Mario Melo, y se refiere a la anunciada ampliación de las fronteras petroleras en la Amazonía ecuatoriana.

También se analizó lo relacionado con la expansión petrolera en Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil, a través de casos sobre el Lote 64, el pueblo U’wa, la zona de sacrificio de Paraguaná, la reserva Tariquía y la exploración en la Foz del Amazonas, respectivamente.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una instancia de carácter no vinculante que busca visibilizar conflictos territoriales, conectar a comunidades que enfrentan problemas similares y emitir veredictos que puedan respaldar sus demandas.

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