La decisión faculta a la Policía Federal (PF) a iniciar diligencias para localizar activos que el excontrolador de la institución financiera y otros sospechosos pudieran haber transferido fuera del país, mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.
Dicha decisión forma parte de la Operación Cumplimiento Cero, que analiza un supuesto esquema de fraude, lavado de dinero y otros delitos, recordaron reportes de prensa.
Vorcaro permanece bajo prisión preventiva en el 19 Batallón de la PF del Distrito Federal, conocido como Papudinha.
Según la investigación, las autoridades buscan determinar el destino de recursos presuntamente obtenidos de forma ilícita y verificar la existencia de patrimonio oculto en el extranjero.
Con la autorización judicial, el Gobierno brasileño podrá solicitar información a autoridades foráneas sobre cuentas bancarias, inmuebles, empresas y otros activos eventualmente vinculados a los investigados.
La PF investiga a Vorcaro por presuntas irregularidades en la gestión del Banco Master y la frustrada operación de venta de la entidad al Banco Regional de Brasilia, controlado por la administración del Distrito Federal.
Igualmente, las pesquisas apuntan a posibles delitos de organización criminal, gestión fraudulenta, corrupción, lavado de dinero e interferencia en investigaciones oficiales.
Hasta el momento, la PF rechazó dos propuestas de colaboración presentadas por la defensa del exbanquero al considerar que no aportaban hechos nuevos ni incluían el reconocimiento de responsabilidades penales.
El caso Banco Master se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros recientes de Brasil, desde el comienzo de las investigaciones en 2024.
Posteriormente, las indagaciones cobraron fuerza en noviembre de 2025, cuando el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial de la entidad tras detectar graves irregularidades en sus operaciones.
La medida afectó a alrededor de 1,6 millones de clientes y obligó al Fondo Garantizador de Créditos a prever un desembolso cercano a 41 mil millones de reales (ocho mil millones de dólares) para cubrir las garantías legales de los depositantes.
Desde entonces, la Operación Cumplimiento Cero ha avanzado en varias fases, y en enero de este año fueron ejecutadas decenas de órdenes de registro y el bloqueo de bienes.
Ahora, la autorización para rastrear bienes en el extranjero representa una nueva etapa de las pesquisas, orientada a reconstruir el flujo internacional de recursos y fortalecer la recuperación de activos.
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