De acuerdo con un comunicado oficial del Legislativo, tras varios meses de deliberaciones tanto en la Comisión de Credenciales como en el hemiciclo, se inició la etapa de unificación de criterios sobre las más de 120 propuestas de modificación presentadas por diputados de las diferentes bancadas.

La iniciativa busca actualizar las normas que regulan la organización, el funcionamiento interno del primer órgano del Estado en un contexto marcado por crecientes demandas ciudadanas de mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Entre los principales cambios en análisis destacan disposiciones para reforzar el control de la asistencia de los diputados mediante descuentos salariales por ausencias injustificadas, la reestructuración de las comisiones permanentes, el carácter obligatorio de las sesiones plenarias y una nueva regulación del uso del tiempo durante los debates.

Asimismo, el proyecto redefine aspectos relacionados con la participación y juramentación de los diputados suplentes e incorpora mecanismos dirigidos a fortalecer la disciplina parlamentaria y agilizar la tramitación de las iniciativas legislativas.

Uno de los puntos que ha suscitado mayor atención establece la prohibición para que los diputados nombren en cargos permanentes, temporales o mediante contratos por servicios profesionales a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, una medida orientada a prevenir prácticas de nepotismo dentro del órgano legislativo.

La propuesta también contempla que la agenda de discusión de los proyectos de ley respete estrictamente el orden cronológico de su presentación, además de eliminar el voto secreto en determinados procedimientos internos y fijar nuevas reglas para la conformación y funcionamiento de las bancadas parlamentarias.

El proyecto llegó al pleno con un texto único elaborado por la Comisión de Credenciales, que durante el primer debate introdujo modificaciones a 37 artículos. No obstante, la amplitud de las propuestas planteadas en la segunda discusión obligó a abrir una nueva fase de consensos antes de su aprobación definitiva.

La reforma del Reglamento Interno constituye una de las principales iniciativas institucionales impulsadas por la actual legislatura, al considerar que las normas vigentes requieren adecuarse a las exigencias de mayor transparencia, modernización administrativa y fortalecimiento de la labor parlamentaria.

De alcanzarse los acuerdos necesarios entre las distintas fuerzas políticas representadas en el hemiciclo, el nuevo reglamento sustituirá disposiciones que durante años han sido objeto de críticas por organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos, que reclaman procedimientos más abiertos y una gestión legislativa más eficiente.

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