El pronunciamiento, que sale a la luz tras la celebración del l Encuentro Nacional de Firmantes del Acuerdo Final, sostiene que la paz dejó de ser una política de gobierno para convertirse en una obligación permanente del Estado colombiano, respaldada por los Actos Legislativos 01, 02 y 03 de 2017 y por reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En consecuencia, remarcó el documento, “cualquier intento de desconocer o desmantelar la implementación representaría una vulneración del orden constitucional, de la seguridad jurídica del país y de los compromisos asumidos por Colombia ante la comunidad internacional”.

Los exguerrilleros que suscribieron la declaración, más de un centenar, recordaron que el proceso de reincorporación permitió impulsar proyectos productivos, fortalecer economías locales, consolidar procesos comunitarios y generar oportunidades de desarrollo en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

Señalaron que el pacto rubricado en 2016 entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo no beneficia únicamente a quienes dejaron las armas, sino principalmente a las víctimas y a millones de colombianos que hoy encuentran en la paz una oportunidad para transformar sus territorios.

Por otro lado, plantearon prioridades para el próximo gobierno, tales como la suscripción de un Pacto Nacional por la Continuidad del Acuerdo Final durante los primeros cien días de mandato y la incorporación integral de la implementación en el próximo Plan Nacional de Desarrollo con recursos suficientes y metas verificables.

Reclamaron además respeto absoluto a la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y las demás instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

La declaración concluyó con un llamado al Congreso de la República, las Altas Cortes, los organismos de control, la comunidad internacional, los países garantes, el sector empresarial, la academia, las iglesias, los medios de comunicación y a toda la sociedad para defender la implementación del Acuerdo como una política que trascienda gobiernos.

Aseguraron los firmantes en el texto que la paz no es una concesión sino un derecho universal y una obligación del Estado.

“El Acuerdo Final no se desmonta. La paz se cumple, se protege y se defiende con la Constitución, con la democracia y con la fuerza de la palabra”, enfatizaron.

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