Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

“¡Tiene que ser a las buenas o a las malas!”, insistió este jueves durante una entrevista en el canal privado DTV el vicepresidente del ultraderechista Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana.

En igual sentido se pronunció el titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien insistió en que las fuerzas policiales deben operar contra Morales.

Tras la juramentación de un Gobierno de derecha en noviembre de 2025, esta autoridad emitió una polémica orden judicial y puso en libertad a los principales implicados en el derrocamiento de Morales en 2019.

El exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, la exmandataria Jeanine Áñez y el cívico de Potosí Marco Antonio Pumari permanecían tras las rejas preventivamente a la espera de ser procesados en el denominado juicio Golpe de Estado I.

Tal causa hoy anulada, debía investigar las revueltas de octubre-noviembre de 2019, en el contexto de las cuales ocurrieron las masacres de Senkata y Sacaba, con un saldo de 37 asesinatos.

El tema del arresto de Evo Morales volvió al centro de la agenda mediática boliviana hace 48 horas, cuando el fiscal cruceño Brayan Melgar emitió una segunda orden de aprehensión contra él.

La autoridad atribuyó al exmandatario los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos por su alegada implicación en las protestas que durante 53 días realizaron movimientos sociales con la exigencia de la renuncia del jefe de Estado, Rodrigo Paz.

Esta denuncia fue presentada a principios de julio por los ultraderechistas líderes cívicos de Santa Cruz, y a ella se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, protegido por miles de comunarios integrados en anillos de seguridad, desde que durante el Gobierno del expresidente Luis Arce la fiscalía emitió una primera orden de captura por presunta trata agravada de personas.

En relación con el apremio más reciente, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que el mandamiento ya fue remitido a la Policía para su ejecución y aclaró que la anterior orden de captura, por el caso de trata de personas en Tarija, permanece vigente.

Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, desafió este jueves a Morales a salir del Trópico de Cochabamba y presentarse en el epicentro político del país, la Plaza Murillo, para encarar las órdenes judiciales en su contra.

De su lado, el exdignatario de origen aymara denunció que el Gobierno pone en marcha un proceso de persecución política contra él para enmascarar la profunda crisis económica y social que vive el país andino amazónico chaqueño.

“Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción (…)», escribió en sus redes sociales.

Añadió Morales en su cuenta de X que su posición siempre ha sido clara: “estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico (…)”.

Opinó que con procesos y persecución política no resolverán los problemas que los gobernantes han provocado, y reiteró que solo intentan desviar la atención con un nuevo titular.

“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, advirtió.

Morales también calificó de ilegal en su cuenta de X la aprehensión del extitular de la Cámara de Diputados Freddy Mamani.

“Rechazamos la ilegal aprehensión de nuestro hermano, profesor Freddy Mamani, ex presidente de la Cámara de Diputados y expresamos nuestra solidaridad, para él y su familia, ante esta injusticia que vulnera las garantías constitucionales (…)”.

Condenó, asimismo, lo que denominó instrumentalización de la justicia para ejecutar una persecución selectiva contra nuestros compañeros y compañeras, que tiene como objetivo acallar la voz de quienes denuncian las políticas antipopulares del Gobierno de Rodrigo Paz.

Reiteró que, de esa forma, se busca distraer la atención de temas como la escasez de combustible, casos narcomadera y narcomaletas, contrabando de oro, entre otros, y los vínculos que existirían entre el presidente, ministros y otras autoridades, con estos hechos.

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