El pedido para archivar el proceso contra la exfuncionaria tuvo 81 votos de respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras 58 legisladores se pronunciaron a favor del enjuiciamiento.

La acusación, impulsada por la Revolución Ciudadana (RC), se refería a las irregularidades en la contratación de generadores eléctricos de emergencia con la empresa Austral Technical Management (ATM), durante la crisis energética que provocó apagones de hasta 14 horas diarias en 2024.

El pleno de la Asamblea acogió el informe de la Comisión de Fiscalización, controlada por el oficialismo, que concluyó que existía una «insuficiencia probatoria» para establecer responsabilidad política de Manzano.

El informe señaló que el desembolso del 60 por ciento del contrato con ATM fue procesado antes de que el nombramiento de Manzano como ministra quedara registrado formalmente.

Durante el debate, el asambleísta oficialista Luigi García defendió el trabajo de la Comisión de Fiscalización y afirmó que el proceso se desarrolló de manera pública y transparente, sin encontrar elementos que vincularan directamente a la exministra con las presuntas irregularidades.

En la misma línea, el legislador José Nango, aliado del Gobierno, reconoció que existieron anomalías en la contratación de ATM, pero sostuvo que los interpelantes no demostraron la participación de Manzano.

Desde la oposición, el legislador de la RC Lenín Barreto, uno de los promotores del juicio político, rechazó ese argumento y aseguró que la contratación fue «fraudulenta», al tiempo que cuestionó que se eximiera de responsabilidad política a la extitular por el hecho de que su firma no constara en los contratos.

«¡Basta de proteger a quienes condenaron a millones de ecuatorianos a vivir entre apagones y pérdidas millonarias! La impunidad también tiene cómplices, y el país sabrá quiénes votan para encubrirlos», afirmó el también parlamentario de la RC Blasco Luna.

El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, también votó en contra del archivo al considerar que Manzano ignoró diversas alertas durante la ejecución del contrato y afirmó que respaldar el informe oficialista sería «manchar mi conciencia».

La oposición sostiene que los contratos fallidos provocaron un perjuicio superior a 70 millones de dólares al Estado, por la adquisición de equipos que no cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas.

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